El Estado peruano reclama más de 700 millones de dólares (más de 614 millones de euros) a la sociedad concesionaria de la Línea 2 del metro de Lima, en la que participan las constructoras españolas ACS y FCC, por los retrasos en la puesta en operación del proyecto.

Las autoridades peruanas han presentado una contrademanda ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, en respuesta a la demanda previa del consorcio contra Perú, según explica ACS en la información sobre resultados remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El primer paso lo dio la sociedad concesionaria en enero de 2017, fecha en la que planteó una solicitud de arbitraje ante el Ciadi contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú por un "incumplimiento grave" del contrato de concesión.

Según la sociedad, el área de concesión no se había presentado en los plazos y condiciones establecidos en el contrato, y los estudios de ingeniería también se habían recibido con retraso.

Posteriormente, en 2018, la concesionaria presentó una demanda en la que solicitaba la ampliación del plazo de ejecución del proyecto y reclamaba una indemnización por daños y perjuicios superior a los 700 millones de dólares (mas de 614 millones de euros).

En respuesta a esta demanda, el Estado peruano formuló una contrademanda (o demanda reconvencional) contra la sociedad concesionaria en la que reclama 700 millones de dólares por los daños socioeconómicos y ambientales causados por la demora del proyecto.