El Gobierno portugués pidió hoy una auditoría después de que el Novo Banco anunciase pérdidas de 1.412,6 millones de euros, que le llevaron a solicitar una inyección de capital de 1.149 millones.
En un comunicado, el Ministerio de Finanzas señaló que considera "indispensable" realizar una auditoría para examinar el proceso de concesión de los créditos incluidos en el mecanismo de capital contingente, instrumento a través del cual la entidad puede solicitar las inyecciones de capital.
El Novo Banco va a solicitar una inyección de capital de 1.149 millones de euros que tendrá que aportar el Fondo de Resolución, el organismo público a través del cual el Estado portugués posee el 25 % del capital.
Este organismo está financiado con aportaciones del resto de bancos portugueses pero cuando no tiene capital suficiente para hacer frente a las inyecciones puede pedir préstamos al Estado, que pueden ascender a un máximo anual de 850 millones de euros.
El año pasado, el Novo Banco ya solicitó una inyección de 791,7 millones, de los cuales 430 procedieron de un préstamo del Estado.
Dado el "valor expresivo" de las inyecciones solicitadas en 2018 y 2019, el Gobierno considera necesario realizar una auditoría.
Antes del pago, el Fondo de Resolución va a certificar las cuentas del banco a través de un "procedimiento de verificación" realizado por una entidad independiente, para confirmar que el montante solicitado se corresponde con sus necesidades reales.
A pesar de considerar "expresivas" las inyecciones solicitadas, el Ejecutivo señaló que los resultados presentados este viernes están dentro de los límites establecidos a las ayudas del Fondo de Resolución.
El Novo Banco, entidad heredera del quebrado Banco Espírito Santo (BES), fue creado en agosto de 2014 con los activos "saludables" del BES y, en el momento de su nacimiento, fue recapitalizado con un crédito público de 3.900 millones y otros 1.000 millones procedentes del resto de entidades lusas.
En 2017, el 75 % de la entidad fue vendida al fondo estadounidense Lone Star y el 25 % quedó en manos del Fondo de Resolución, organismo que gestiona el Banco de Portugal.
El acuerdo de venta preveía que el Fondo de Resolución pudiese tener que compensar al Novo Banco para hacer frente a las pérdidas derivadas de los activos problemáticos de la entidad a través del llamado mecanismo de capital contingente, en un máximo de 3.890 millones.