El Tribunal Supremo ha fijado los criterios para aplicar el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en los casos de novación de una hipoteca, y establece que para determinar si nuevas cláusulas están o no sometidas al pago de dicha tasa deberán examinarse caso por caso.

La Sala de Lo Contencioso-Administrativo explica, en una sentencia fechada el 13 de marzo, que cuando además de cláusulas como el tipo de interés o el plazo figuran otras de carácter financiero, deberán examinarse caso por caso, para comprobar que reúnen todos los requisitos.

Si las nuevas cláusulas están sometidas a gravamen, la base imponible se aplicará "sobre el contenido económico de las cláusulas financieras valuables que delimitan la capacidad económica susceptible de imposición".

El alto tribunal acordó recientemente que los gastos de notaría deben dividirse entre banco y cliente, una decisión similar a la que adoptó en su momento para los de gestoría y para el registro de la hipoteca, que en el caso de la inscripción deberá ser abonada por la entidad, y en la cancelación, por el prestatario.