Madrid, 29 mar (EFECOM).- El Ministerio de Hacienda ha anunciado este viernes que España cerró 2018 con un déficit público del 2,63 % del PIB, lo que permitirá salir del procedimiento de déficit excesivo (PDE) en la revisión que Bruselas realizará en junio.
De confirmarse la salida del PDE o brazo correctivo -en el que España se encuentra desde 2008 por superar un déficit del 3 % del producto interior bruto (PIB)-, España pasará a estar bajo el brazo preventivo, un control más suave cuya función es evitar que las cuentas vuelvan a desequilibrarse.
Estos son los aspectos clave que vigilará Bruselas:
DÉFICIT
Bruselas vigila los objetivos presupuestarios a medio plazo (MTOs, por sus siglas en inglés) o desequilibrio estructural -es decir, una vez descontado el efecto del ciclo económico-, una meta que España fija en cero.
Para asegurar el avance hacia ese objetivo, la Comisión Europea (CE) establece el ajuste que tiene que hacerse cada año, que se formula a mediados del año anterior.
En el caso de España, el ajuste estructural que tiene que realizar en 2019 -cuando ya habrá abandonado el PDE- es del 0,65 % del PIB, una cifra más estricta que el 0,5 % que la CE establece de manera genérica para todos los países.
En el plan presupuestario remitido a Bruselas, el Gobierno ha comunicado que el próximo año realizará un ajuste estructural del 0,4 % del PIB, un esfuerzo que está por debajo del apuntado por la Comisión pero dentro de los márgenes de desvío permitidos, que son del 0,5 % en un año o del 0,25 % en dos.
GASTO
La Comisión establece una regla de gasto o tasa máxima de crecimiento del gasto computable, por la que el gasto público -sin tener en cuenta los intereses de la deuda, las prestaciones de desempleo ni las inversiones cofinanciadas con fondos europeos- no puede aumentar por encima de una determinada referencia entre un año y otro.
El borrador de plan presupuestario explica que el gasto nominal neto computable crecerá en 2019 en un 1,7 %, una cifra que está por debajo del crecimiento potencial de la economía española a medio plazo, que es del 3 %.
Esta regla de gasto europea no coincide exactamente con la regla de gasto española, que se aplica a cada administración en cada período, sino que afecta al conjunto de las Administraciones Públicas y pretende evitar que se aumente el gasto por encima del crecimiento de la economía del país.
DEUDA