Adif y Adif Alta Velocidad (AV) reclamarán daños y perjuicios a las empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el marco de los cárteles de electrificación y electromecánicas ferroviarias y reforzarán sus controles para evitar que se repitan.

Ambas sociedades, dependientes del Ministerio de Fomento, prestarán especial atención al impacto que las conductas de estas empresas -sancionadas con 118 millones- hayan producido respecto de los fondos europeos que han financiado parte de los contratos que les han sido adjudicados.

Con ello, Adif tiene previsto licitar próximamente un contrato para la realización de un informe especializado que determine los daños y perjuicios que las conductas sancionadas hayan supuesto a las entidades contratantes.

Por lo que respecta a las medidas de control, Adif y Adif AV incluirán en sus pliegos una nueva condición que obligue a las empresas adjudicatarias a asumir que su participación se realice de forma íntegra, ética y evitando la comisión de cualquier tipo de fraude.

Además de los posibles daños y perjuicios, ambas sociedades advierten de que podrían imponer una penalización a los que hubieran cometido estas prácticas, que puede llegar hasta el 50 % del precio del contrato e incluso a su resolución.

En un comunicado, tanto Adif como Adif AV aseguran que no han tenido participación en las conductas sancionadas y que estas no han sido ni consentidas ni advertidas.

Adif y Adif AV aseguran que han colaborado de forma activa con la CNMC en el esclarecimiento de estas prácticas y que identificarán los contratos adjudicados en estos mercados desde 2017, así como el resultado de las licitaciones en curso.

También señalan que habrá que esperar a lo que instruya la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y a la correspondiente resolución del Ministerio de Hacienda para saber el alcance y la duración de la prohibición para estas empresas de contratar con la Administración.

El pasado 27 de marzo, la CNMC anunció la imposición de multas que sumaban 118 millones de euros a 15 empresas y la sanción a catorce de sus directivos con 666.000 euros por repartirse durante años concursos públicos convocados por Adif.

Las empresas sancionadas son Cobra (ACS), Elecnor, Siemens, Semi (ACS), Inabensa, Alstom, Cymi (ACS), Isolux, Electren (ACS), Comsa, Indra, Neopul (Sacyr), Telice, Eym (OHL) y Citracc, y el organismo supervisor ha activado, por primera vez, el procedimiento para prohibirles contratar con la Administración.