Madrid, 5 abr (EFECOM).- Podemos ha propuesto elevar el IRPF a las rentas altas, de manera que los ingresos que superen los 100.000 euros anuales tributen al 47 % en ese tramo y los que superen los 300.000 euros lo hagan al 55 %, según recoge el programa de la formación publicado este viernes.

Estos umbrales están por encima de los incluidos en el proyecto presupuestario de 2019, que eran del 47 % para las rentas de más de 130.000 euros y del 49 % para las rentas de más de 300.000 euros.

Podemos también plantea eliminar las deducciones "que benefician solo a quienes tienen rentas más altas", que no detalla, y reducir el tipo del tramo más bajo del IRPF al 18 % desde el 19 % actual.

Además, el partido defiende ampliar el IVA reducido del 4 % a más alimentos y bebidas no alcohólicas, situar en el 10 % el de los suministros básicos -calefacción, gas y electricidad-, bajar el impuesto a los servicios veterinarios, alimentación animal y productos de higiene íntima femenina, al tiempo que apuesta por elevar en cuatro puntos el tipo de los artículos de lujo.

Aboga por derogar el artículo 135 de la Constitución y la ley de Estabilidad Presupuestaria que "han institucionalizado la austeridad" y reformar las exenciones del impuesto de sociedades para evitar que las empresas utilicen paraísos fiscales para reducir su tributación.

En materia del impuesto de sociedades, propone un tipo efectivo mínimo del 15 % sobre el rendimiento neto positivo, que llegaría al 20 % para petroleras y banca, mientras a las pequeñas empresas -que facturen menos de 1 millón de euros- disfrutarían de un tipo del 23 % en lugar del 25 % general.

Propone retomar el impuesto a las transacciones financieras, aunque gravaría las ventas brutas en lugar de las netas, y establecer un impuesto a la banca que aumente 10 puntos el tipo de sociedades a las entidades financieras, al tiempo que se devolvería el impuesto de las hipotecas a los compradores de vivienda con cargo a la banca.

De la misma manera, propone un impuesto para la economía digital que pagarían las compañías que facturen más de 500 millones, por debajo de los 750 millones recogidos en el proyecto de ley del Gobierno.