El titular del juzgado central de instrucción n 4, José Luis Calama, que investiga la resolución del Banco Popular y su venta a Santander por un euro, ha dado hoy cinco días a las 103 acusaciones para que presenten sus alegaciones y poder así agruparlas en un máximo de diez.

Con ello, el magistrado pretende no dilatar más un procedimiento en el que participa un alto número de presuntos perjudicados; "resulta evidente que la instrucción de la presente causa, con tal número de representaciones, está abocada a ser ingobernable", por lo que agrupar las representaciones y defensas evitará que se lesionen derechos y la tutela judicial".

Transcurridos esos cincos días, a contar a partir de hoy, el magistrado dictará la resolución que corresponda y tomará las medidas oportunas para racionalizar la causa.

En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones, operación ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE), y posteriormente, el Santander se hizo con la entidad por un euro.

En octubre de ese año, el entonces titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.