Madrid, 15 abr (EFECOM).- La disyuntiva entre subir impuestos para mejorar la recaudación y financiar mejores políticas sociales, defendida por PSOE y Unidas Podemos, o bajarlos para impulsar la actividad económica, esgrimida por PP y Ciudadanos (Cs), ha sido uno de los momentos clave del debate electoral económico organizado este lunes por la Agencia

Portavoces económicos de PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos han defendido en el debate sus propuestas en materia de empleo, pensiones, energía, fiscalidad y vivienda, que ha sido otro de los temas más polémicos.

El responsable del programa económico del PP, Daniel Lacalle, ha abogado por una "revolución fiscal" que rebaje impuestos de manera "clara, evidente" a familias y empresas, con el objetivo de impulsar así la actividad económica y que sea ésta quien mantenga el Estado del bienestar.

También el secretario de Programas de Ciudadanos, Toni Roldán, ha defendido "una rebaja de impuestos a cinco millones de familias" a través de deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) o la eliminación del impuesto de sucesiones, porque "en una economía abierta tienes que tener unos impuestos competitivos".

Sin embargo, el responsable de Economía en el Comité de Estrategia del PSOE, Daniel Fuentes, ha argumentado que "España no puede permitirse una rebaja generalizada de impuestos" porque no hay "base académica empírica" que sustente que, de esta manera, se aumenta la recaudación y hacen falta recursos para mejorar el Estado del bienestar.

El responsable de la Secretaría de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha coincidido en la necesidad aumentar la recaudación, aunque analizando "a quién, cómo, cuándo y para qué", ya que el objetivo final es "garantizar el Estado del bienestar" a base de ir "eliminando privilegios de rentas más altas".

La política de vivienda ha sido otro de los temas candentes del debate ante la propuesta de Unidas Podemos de un "control de precios" y un parque público de alquiler social para "cortar dinámicas especulativas", una iniciativa que el PSOE rebaja a "limitar el precio de los alquileres" sin intervención directa y promover la vivienda pública.

También Roldán ha defendido la vivienda pública para colectivos "vulnerables", pero Lacalle ha criticado cualquier tipo de regulación orientada a controlar los precios del alquiler como las que "se hacían en los tiempos de Franco", porque elevaría los precios.

En materia de pensiones, los cuatro portavoces económicos han coincidido en que su revalorización debe ir acorde con el poder adquisitivo, pero mientras PSOE y Unidas Podemos quieren garantizar que se actualicen con la inflación, PP y Ciudadanos hacen hincapié en que sólo un mejor empleo puede generar mayores ingresos.

"Con un mercado laboral roto, que no genera ingresos por cotizaciones para financiar el sistema, podemos hacer muchas promesas pero probablemente en el futuro (las pensiones) no podrás pagarlas", ha advertido Roldán, un punto en el que ha coincidido Lacalle, que cree que un sistema de reparto sólo es sostenible si aumenta el número de grandes empresas y hay mejores puestos de trabajo.

Por su parte, Álvarez ha urgido a que la actualización con el indice de precios de consumo (IPC) quede plasmada en la Constitución por ley, mientras Fuentes se ha mostrado favorable a la revalorización con la inflación "real" y con acuerdo del Pacto de Toledo, y ha afeado al PP que ponga al frente de las pensiones a "un gestor de fondos de inversión", en relación a Lacalle.

Durante el bloque energético, los representantes de todos los partidos han coincidido en la necesidad de rebajar la factura de la luz, si bien PP y Cs han incidido en la posibilidad de aligerarla de impuestos y las formaciones de izquierda en cambiar la regulación del mercado.

Mientras Lacalle ha instado a sacar del recibo eléctrico algunos costes y subvenciones, Roldán ha apelado a incentivar la competencia, Fuentes a incorporar nuevas tecnologías y Álvarez, a "intervenir ya" en el mercado eléctrico.

En empleo, PP y Cs han criticado la subida del salario mínimo a 900 euros por considerar que grava el trabajo y que es populista, aunque apuestan por seguir elevándolo con acuerdo social y acompasado al crecimiento económico, mientras que PSOE y Unidas Podemos han abogado por aumentarlo progresivamente hasta alcanzar el 60 % del salario medio que marca la Carta Social Europea. EFECOM

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