(Actualiza la EC3471 con las empresas que podrían verse afectadas por la medida)
Washington, 17 abr (EFECOM).- El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció hoy la activación por primera vez en la historia de una medida que permitirá reclamar ante los tribunales estadounidenses propiedades confiscadas en la isla tras la revolución cubana de 1959.
"La Administración de Donald Trump no suspenderá más el título III (de la ley Helms-Burton), una decisión que entrará en vigor el próximo 2 de mayo", dijo Pompeo en una rueda de prensa.
Esta es la primera vez que un Gobierno de EEUU activa los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, que habían sido suspendidos por todos los presidentes desde la aprobación de la norma en 1996.
Este cambio de política permitirá interponer demandas en EEUU contra empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas como Meliá, Barceló, NH o Iberostar, además de Iberia o la compañía canadiense Sherritt, dedicada al sector minero.
A estas se suman otras aerolíneas como Lufthansa o Air France, y grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china Huawei o la japonesa Mitsubishi.
También aparecen firmas estadounidenses como Marriott o American Airlines, según un listado del Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, que agrupa a empresas norteamericanas interesadas en comerciar con la isla.
En concreto, la aplicación del Título III permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante los tribunales de EEUU a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la revolución cubana.
Entretanto, la aplicación del Título IV restringirá la entrada a EEUU de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan comerciado con dichas propiedades.
Eso abre la puerta a "cientos de miles de demandas" en los tribunales de EEUU, según Robert Muse, un abogado en Washington experto en la legislación estadounidense sobre la isla.
Muse calcula que alrededor del 90 % de los bienes nacionalizados después de 1959 "pertenecían a cubanos que emigraron a EEUU", y sus descendientes tienen ahora la opción de demandar al Gobierno de Cuba o a compañías extranjeras para ser compensados por ello.
Pompeo argumentó que el "comportamiento de Cuba en Latinoamérica socava la seguridad y estabilidad de los países en la región" y puso de ejemplo el apoyo que supuestamente la inteligencia cubana está prestando al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, sujeto a una campaña de presión por parte de Washington.
"Tristemente, la mayor exportación de Cuba estos días no son puros, ni ron, es la opresión", subrayó Pompeo.
Esa decisión promete inflamar las tensiones con la UE, cuya alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió este mes en una carta a Pompeo de que el bloque podría demandar a EEUU ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si Washington aplicaba esa medida.
La UE ya demandó a EEUU ante la OMC hace dos décadas, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, pero suspendió ese procedimiento una vez que la Casa Blanca accedió a congelar esos capítulos del texto.
Al respecto, la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Kimberly Breier, avisó que ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea, estará exenta de la nueva política hacia Cuba y, por tanto, podrán ser demandas ante cortes estadounidenses si están usando propiedades nacionalizadas.
"No habrá excepciones", afirmó tajante Breier.
En un estudio publicado en 1996, el Departamento de Estado estimó que la activación del título III permitiría que se interpusieran entre 75.000 y 200.000 demandas ante cortes estadounidenses.