Madrid, 18 abr (EFECOM).- El auge en la retórica política española de conceptos como la "España vaciada" o la lucha contra la despoblación tiene su reflejo en los programas electorales de PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, en los que son más numerosas las referencias al sector rural que a la actividad agraria y pesquera.

Garantizar los trasvases dentro de un Pacto Nacional del Agua (PP), fijar un precio mínimo para "proteger" a los pequeños y medianos productores agropecuarios (Podemos), crear bonificaciones fiscales que faciliten el relevo generacional en el campo (Cs) o potenciar los planes de recuperación y gestión de las pesquerías (PSOE) son algunas de las medidas incluidas por los partidos.

Las cuatro formaciones coinciden en dar especial énfasis al desarrollo rural, pero son menos específicas a la hora de plantear medidas concretas para los agricultores y ganaderos del país.

De hecho, la mayor parte de las veces enmarcan el estímulo de la actividad agraria y ganadera dentro del reto demográfico y el combate a la despoblación.

Estas son las principales propuestas de estas cuatro formaciones políticas según su representación parlamentaria:

PP:

- Elaborar planes estratégicos sectoriales para garantizar la competitividad del sector agroalimentario español.

- Diseñar un programa por la sostenibilidad y el futuro de la agricultura y la alimentación.

- Redactar un programa estratégico para el desarrollo de los secanos tradicionales.

- Elaborar un plan para la gestión de crisis agrarias y la estabilización de las rentas.

- Impulsar una agenda para la digitalización del mundo rural.

- Desarrollar una Estrategia Nacional de Regadíos y un Pacto Nacional por el Agua que incluya trasvases al considerarlos "vitales" para abastecer a la población y para el sector agrícola.

-Implementar la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias.

- Promover la creación de un cluster de conocimiento y experiencias en materia agroalimentaria entre universidades, centros tecnológicos, administración y empresas.

- Aprobar un Plan Agrorenove para modernizar la maquinaria agrícola.

- Reforzar el despliegue de la Guardia Civil en el entorno rural.

- Reformar la Ley del Suelo para facilitar la implantación de industrias en suelo rústico.

PSOE:

- Aprobar un Plan Estratégico Nacional de Agricultura de cara a la próxima negociación de la PAC, para que ésta conserve su presupuesto actual, apoye a pequeños y medianos agricultores, incluya la "perspectiva de género" y contribuya a mejorar el equilibrio de la cadena de valor agroalimentaria.

- Apoyar planes de recuperación y gestión de las pesquerías para recuperar los "stocks" hasta alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible y desarrollar la acuicultura.

- Garantizar la "plena incorporación de la mujer" al sector primario, priorizar la innovación y la digitalización, así como "favorecer" la ganadería extensiva.

- Favorecer la consolidación de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, y cinegéticas y pesqueras en el medio rural.

- Reducir cargas administrativas y fiscales en el medio rural y bonificar la contratación de jóvenes.

- De cara al medio rural, propone implantar la formación profesional con ayudas específicas y ciclos de FP itinerantes, promover las instalaciones de energía renovable, impulsar el teletrabajo y fomentar la ubicación de unidades militares "en zonas que sufren problemas de despoblación".

PODEMOS:

- Conseguir que al menos el 10 % de los fondos de la PAC se destinen a "medidas eficaces" que corrijan los desequilibrios del mercado, apoyando la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad en el campo.

- Establecer por ley un precio mínimo para proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios para evitar los "precios ruinosos" que cobran actualmente, que sería fijado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a imagen y semejanza de lo que ya ocurre en Francia.

- Elaborar una política de pesca que asegure ingresos "dignos" y sea respetuosa con la sostenibilidad de los caladeros para evitar que exista la posibilidad de "traficar y especular" con los derechos de pesca.

- Proteger los derechos de los animales a través de mejoras en el control de las instalaciones con cámaras de vídeo, inspecciones y exigiendo el aturdimiento previo al sacrificio, además de adoptar "métodos éticos" para el control poblacional de animales silvestres.

- Convocar elecciones a nivel estatal para elegir a los representantes de los agricultores y ganaderos en las organizaciones profesionales agrarias.

- Ofrecer acceso prioritario de tierras en el campo a los jóvenes.

- Reducir a la mitad el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los municipios con menos de 5.000 habitantes.

- Crear un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables con una dotación inicial de 500 millones de euros anuales del Estado.

- Adoptar medidas contra la deslocalización de industrias, especialmente en las regiones "más vulnerables" a la despoblación, como favorecer que los trabajadores puedan adquirir la empresa si ésta opta por dejar el territorio.

CIUDADANOS:

- Armonizar los incentivos fiscales para que haya "cero impuestos" cuando las explotaciones agrarias cambien de propietario.

- Defender los intereses del sector pesquero español ante la UE en el reparto de cuotas. Dentro de España se asegurará "un reparto justo" de las cuotas para "cortar las injerencias de los nacionalistas".

- Establecer una única licencia de caza y pesca válida en toda España.

- Impulsar un Plan Nacional contra la Despoblación.

- Bajar un 60 % el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a todas las personas que vivan en municipios en riesgo de despoblación.

- Aplicar una tarifa reducida de 30 euros durante dos años a las mujeres y los menores de 30 años que abran un negocio en municipios de menos de 5.000 habitantes.

- Impulsar el sector agroalimentario español a través de su profesionalización, internacionalización y tecnificación.

- Apoyar la extensión de Indicaciones Geográficas Protegidas y Denominaciones de Origen.

- Simplificar los trámites administrativos exigidos a importadores y exportadores del sector agroalimentario.