El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha acordado el sobreseimiento y archivo provisional de la causa que investigaba supuestas irregularidades en el proceso de fusión que dio origen a Banca Cívica, y en su posterior salida a bolsa en julio de 2011.
En su auto, el magistrado se ampara en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que, una vez evaluados tanto el peritaje judicial como las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, no encuentra indicios de los presuntos delitos de falsedad contable y administración desleal que atribuyen las acusaciones a los gestores de las antiguas cajas.
La medida llega después de que en junio de 2017 la Audiencia Nacional acordara ampliar 18 meses la investigación sobre la integración de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol, de la que nació Banca Cívica.
En aquel auto de prórroga, el órgano mantenía en la causa al expresidente del gobierno de Navarra Miguel Sanz; el exsecretario de Estado de Economía Pedro Pérez; los ex copresidentes de Banca Cívica Enrique Goñi (procedente de Caja Navarra) y Antonio Pulido (de Cajasol); Marcos Contreras y Lázaro Cepas, también de la entidad andaluza, y José María Leal y José María Achirica, de Caja Burgos.
Sin embargo, al hilo de su comparecencia en la Comisión del Congreso sobre la crisis financiera, Pulido insistió en que "en ningún momento ningún juez" le había comunicado su imputación.
El caso se remonta a marzo de 2012, cuando el entonces titular del juzgado central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, admitió a trámite la denuncia del UPyD contra los consejeros de Banca Cívica por delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económico-financiera.
Se trata de la tercera ocasión en la que se acuerda el archivo provisional de las actuaciones, las cuales fueron reabiertas por última vez en septiembre de 2015 a instancias de la Fiscalía, que argumentaba que aún faltaban diligencias tales como el análisis de los extractos de nuevas tarjetas corporativas.
Ahora, el Ministerio Público descarta una posible falsedad contable al valorar el peritaje realizado por expertos judiciales cedidos por el Banco de España, que concluyeron "que la contabilidad de Caja Navarra y posteriormente de Banca Cívica, correspondía a la situación de la misma".
Al respecto, el informe fiscal incide en que las cuentas de estas entidades "fueron auditadas previamente a esta integración" pero también durante su absorción por CaixaBank en 2012, sin que se detectara salvedad alguna o "ajustes significativos".
Además, en el sumario no se ha encontrado información del Banco de España o de los auditores "que cuestione la razonabilidad de las cuentas anuales de 2010", que sirvieron de base al folleto informativo de la salida a Bolsa.
La Fiscalía dedica parte de su documento a las denuncias sobre "inversiones arriesgadas y compras de inmuebles" realizadas por los administradores de Caja Navarra y que podrían constituir administración desleal; sin embargo, ni los peritos ni los agentes de la UDEF han apreciado "vínculos entre los investigados y las sociedades con las que se negoció la compra o venta de bienes".
Finalmente recuerda que el posible cobro indebido de dietas en la entidad no sólo "no ha sido objeto de investigación" en este procedimiento, sino que dado el aforamiento de una de las denunciadas, la expresidenta del gobierno de Navarra Yolanda Barcina, fue remitido al Tribunal Supremo que acordó el sobreseimiento al no apreciar delito.