Madrid, 23 abr (EFECOM).- El sindicato USO ha denunciado que las empresas de seguridad privada, entre otros sectores, están cometiendo fraude en la aplicación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 22 % a los 900 euros.

Durante la presentación del informe "Mitos y juegos con los salarios y el empleo", el secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha asegurado que están percibiendo dificultades en algunas empresas para aplicar el alza del SMI y que en muchas de ellas se están iniciando conflictos colectivos.

"El foco más concreto es seguridad privada, pero también hay dificultades en empresas de limpieza o centros especiales de empleo -que emplean mayoritariamente a discapacitados- y, principalmente, entre las que optan a concursos de licitaciones públicas", ha explicado la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral, Sara García de las Heras.

"Lo que hacen", ha asegurado García de las Heras, "es absorber en el salario base complementos que no estaban (como el plus de nocturnidad, por ejemplo), de forma que el resultado salarial muestre un incremento pero que no se refleja en la nómina de los trabajadores".

El secretario general de USO ha descartado que el alza del SMI conlleve una destrucción de empleo, porque en España las regiones con menor tasa de paro cuentan con los salarios más altos, como es el caso de Navarra o País Vasco.

Estas dos comunidades autónomas cuentan con una tasa de paro por debajo del 10 % y un coste salarial superior a la media, en tanto que en Andalucía y Extremadura tienen más del 20 % de paro y salarios muy inferiores la media.

Para Pérez, el objetivo es superar los 1.000 euros de SMI y alcanzar los 1.200 euros (que representa dos tercios del salario mediano europeo), si bien "el gran problema, no obstante, es la calidad del empleo", ya que el 26 % de los contratos que se firman son temporales y de menos de 7 días.

"La riqueza genera riqueza y la pobreza termina generando miseria", ha dejado claro Pérez, quien ha instado al nuevo Gobierno que salga de las urnas a que ponga las herramientas para crear "más y mejor empleo para salir de la crisis", porque acechan "vientos económicos regulares y hace falta una política de altura de miras y largo plazo".

El informe muestra también que únicamente el 0,5 % de los costes salariales de las empresas (1 de cada 200 euros) van destinados a pagar indemnizaciones por despidos improcedentes, al tiempo que el 95 % de los empresarios no tienen en cuenta este gasto a la hora de contratar.

Estos datos "desmontan el mito de que abaratar el despido es un incentivo para impulsar la contratación indefinida", por lo que "las indemnizaciones tienen que dejar de ser la excusa a la contratación", ha dicho Pérez, ya que "el incremento de los costes salariales responde a la productividad".