El papel lo soporta todo y más antes de unas elecciones generales tan reñidas como las que acaban de celebrarse en España. Las promesas del partido que ha resultado triunfante se recogen fundamentalmente en dos documentos: el programa electoral y los 110 compromisos con la España que quieres. Otra cosa son los retos a los que se va a enfrentar.

Pero qué promesas económicas han llevado a Pedro Sánchez a ser el más votado y con un amplio margen respecto al partido que ha quedado en segundo lugar.

En su documento electoral de 300 páginas, ya en la introducción, el PSOE advierte que “quieren proyectar hacia el futuro nuestro compromiso con España, basado en la urgencia de un cambio profundo en el modelo económico”. La primera decisión que tomará el Gobierno socialista será elaborar inmediatamente unos Presupuestos Generales del Estado incorporando la perspectiva de género con tres grandes prioridades: cohesión social (gasto en educación, sanidad, dependencia, infancia y viviendas en alquiler para jóvenes); fomento de la inversión productiva (I+D+i, políticas activas de empleo, transición ecológica e infraestructuras) y reducción del déficit público y de la deuda pública. 

1. Creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero: para defender mejor los intereses de los consumidores y la competencia en los mercados se revisará la arquitectura institucional de órganos y autoridades reguladoras. 

2. Reforma fiscal profunda y lucha contra el fraude fiscal: ampliar el listado de deudores a la Hacienda Pública, crear una unidad para grandes patrimonios, prohibir nuevas amnistías fiscales, y contribuir al avance a escala internacional contra los paraísos fiscales. Reforzar la progresividad del sistema fiscal en línea con los países de nuestro entorno, incrementando la aportación de las grandes empresas, de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios, y mejorando la equidad entre la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo, al tiempo que se reducirá la carga fiscal soportada por las pymes.

3. Nuevos impuestos: sobre determinados servicios digitales (tasa Google), impuesto sobre transacciones financieras (tasa Tobin) e impulso a la fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación, impulse el proceso de descarbonización de la economía y favorezca la transición ecológica.

4. Gasto público: continuar y  pontenciar el Plan de Acción de la AIReF para la revisión y mejora del gasto público, en 2019 sobre beneficios fiscales, gasto en medicamentos hospitalarios, infraestructuras de transporte e incentivos a la contratación.

5. Pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales, reformando la “regla de gasto”, con el fin de adecuar la distribución de los recursos públicos entre las tres administraciones.

6. Lucha contra la precariedad en el empleo, contra los bajos salarios y por la dignificación de las condiciones de trabajo. El objetivo es que el Salario Mínimo Interprofesional alcance a corto plazo el 60% del salario medio en España. Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación gradual del permiso a 8 semanas en 2019, 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021. Eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI compatibilizando el crecimiento económico con la dignificación de las condiciones laborales. 

Reducir los contratos de trabajo a tres formas contractuales: indefinido, temporal y formativo. Se reforzará la causalidad en el uso de los contratos temporales. Perseguir los abusos de los contratos de formación y los falsos autónomos.

7. Reformar el catálogo de las políticas activas de empleo junto con un diseño de proximidad de las oficinas de empleo, que combine la gestión de las prestaciones y la cercanía con las personas beneficiarias.

8. Se reconocerá el derecho a la formación continua a lo largo de la vida a través de una estrategia integral de activación para el empleo, formación y recualificación.

9. Modificar el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen de acuerdo con sus ingresos reales. Se ampliará la protección social de este colectivo con la intención de equipararla a la de los trabajadores por cuenta ajena. 

10. Crear la Estrategia del Reto Demográfico que incluya medidas especiales para incentivar el empleo en el mundo rural a través de las “Oficinas de Despoblación”.

11. Implementar el Plan de Choque por el Empleo Joven, favoreciendo el talento futuro y la prospección de empleos en la economía digital. Crear el Estatuto del Becario, fomentando su retribución, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas.

12. Medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, incluyendo la puesta en marcha de los registros de salarios de las empresas y el fomento de medidas específicas para cerrar la brecha de género en áreas de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas.

13. Modificar de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) de forma que ocupe un lugar central en las empresas, especialmente en los sectores con mayor siniestralidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género.

14. El PSOE se compromete a reforzar su apoyo a las organizaciones y empresas de economía social, como modelo de empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad, constituyéndose en un agente clave en el desarrollo territorial y la cohesión social. Para ello pretende desarrollar un reglamento de la Ley de Sociedades Laborales y Participadas.

15. Nuevo Contrato Social, un nuevo pacto entre el capital, el trabajo y el planeta (un Green New Deal), que permita afrontar la necesaria transición ecológica mediante el fomento de la máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales, las tecnologías menos contaminantes, y de menor impacto sobre la biodiversidad, en particular las energías renovables y la creación de empleo “verde” en todos los sectores.

16. Aumento en el peso de las energías renovables en el consumo de energía final como mínimo hasta un 35% en 2030, con al menos un 74% de generación de electricidad de origen renovable, con el compromiso de alcanzar, en el horizonte de 2050, el 100% de la electricidad de origen renovable. Reforma del mercado eléctrico, de forma que favorezca la consecución de los objetivos propuestos, trasladando eficazmente la reducción del coste de la utilización de las energías renovables al precio de la electricidad. – 

17. Ley de Movilidad Sostenible para garantizar el derecho a la movilidad de toda la ciudadanía, teniendo en cuenta el reto del cambio climático y las posibilidades que ofrece la digitalización. Mayor inversión pública en seguridad y mantenimiento de las infraestructuras.

18. Pacto de Estado en materia de infraestructuras, que, entre otras cosas, garantice el cumplimiento de los planes ferroviarios de alta velocidad actualmente en ejecución, así como la inversión en trenes de cercanías y otras actuaciones relevantes, como el Corredor Mediterráneo o el Corredor Atlántico.

19. Promoción y uso de la vivienda de alquiler social, movilizando suelo público que se encuentre disponible mediante la cesión de derecho de superficie y favoreciendo el uso de mecanismos público-privados.

20. Pensiones: Reformar el sistema público de pensiones con el mayor consenso posible, sobre la base de la solidaridad intergeneracional y el respeto a los mayores. Retomar el Pacto de Toledo y el diálogo social como herramientas vertebradoras de la Seguridad Social.

Eliminar el Índice de Revalorización y garantizar la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas. Reformar la actual regulación del factor de sostenibilidad, recuperando el diseño compartido con los interlocutores sociales en el año 2011.

Establecer una senda de cinco años para superar y eliminar el déficit del sistema de seguridad social a través de la adopción de un conjunto de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de largo plazo del sistema.

Incrementar progresivamente la aportación del Estado, para hacer frente al aumento del gasto ligado a la jubilación del baby-boom. Redefinir las fuentes de financiación, de manera que las cotizaciones sociales soporten primordialmente gastos de naturaleza contributiva.

Reducir la brecha de género en las pensiones. Seguir combatiendo el fraude y la economía sumergida.