CCOO y UGT han valorado el fallo emitido este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque insta a los Estados miembros a que obliguen a los empresarios a implantar un sistema de control de la jornada laboral que sea "objetivo, fiable y accesible".

El Alto Tribunal permite a la Audiencia Nacional resolver definitivamente con este pronunciamiento el proceso contra Deutsche Bank para que la entidad estableciera un sistema de registro que fue promovido por CCOO y al que posteriormente se adhirió UGT.

El responsable de la Asesoría Jurídica de la Federación de Servicios de CCOO y letrado que ha llevado el caso, Armando García, ha subrayado en declaraciones a Efe la importancia de la sentencia, ya que respalda un decreto ley aprobado por un Gobierno saliente, que podría haber sido derogado por otro posterior.

No obstante, este decreto se ha aprobado "de manera precipitada" y, según él, "genera dudas", por lo que García confía en que el Gobierno desarrolle la norma para aclarar los términos.

Al mismo tiempo, prevé la posibilidad de que la Comisión Europea aproveche una reforma de la directiva de ordenación del tiempo de trabajo para establecer claramente la obligatoriedad de que las empresas cuenten con registros de jornada.

CCOO muestra en su comunicado su satisfacción por que "el largo periplo judicial" ha culminado en una sentencia que respalda a los trabajadores y "defiende inequívocamente sus derechos, obligando a los Estados a legislar para garantizarlos".

UGT considera que la sentencia de Luxemburgo "enmienda la plana al Tribunal Supremo español", que había considerado que no resultaba obligado el control de jornada por parte de las empresas, al tiempo que ratifica la aprobación del registro de jornada.

La obligatoriedad del control horario se convierte así en un campo de actuación fundamental de sus delegados, con el objetivo de que todas las horas extras sean remuneradas (o compensadas en tiempo) y cotizadas a la Seguridad Social, advierte UGT en una nota, además de ser una necesidad en pro de la salud de los trabajadores y trabajadoras y su derecho a conciliar la vida personal con la laboral.

"Muchas empresas están mirando hacia otro lado respecto a esta obligación e intentando convertir su deber de pagar y cotizar en un problema de control y desconfianza hacia los trabajadores", según UGT.