Madrid, 16 may (EFECOM).- El aumento de la litigiosidad con los clientes, las exigencias del regulador, la digitalización o la irrupción de las financieras tecnológicas son algunas de las causas que explican el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que Santander quiere despedir a 3.700 empleados y cerrar 1.150 oficinas.
Fuentes sindicales han explicado a Efe que hoy les entregaron un informe de una consultora externa sobre los principales datos del sector y la extrapolación a Santander para justificar el ERE. La entidad no hace comentarios sobre la reunión de hoy.
El banco y los sindicatos han finalizado hoy el preceptivo periodo de consultas. Una vez constituida la mesa, la próxima reunión será el día 23 y ahí empezará formalmente la negociación.
Entre las causas que apoyan la necesidad del ERE, el informe entregado a los sindicatos cita las crecientes exigencias del regulador, la excesiva capacidad instalada, el proceso de desbancarización, el aumento de la litigiosidad (las cláusulas suelo y el IRPH entre otras), el volumen de la cartera de activos improductivos o la irrupción de las empresas financieras de base tecnológica ("fintech").
Según los datos aportados, entre 2012 y 2018 se ha producido un estancamiento del crédito y una caída de tipos hasta niveles históricamente bajos, que en el caso del crédito a la vivienda ha pasado del 2,9 % al 1,9 % y en el caso del consumo, del 8,9 al 6,9 %.
Además, se está produciendo una sustitución de préstamos "caros" por otros más baratos, por amortización de los antiguos a tipos altos mientras que el crédito nuevo se concede con intereses más bajos.
Las cifras facilitadas a los representantes de los trabajadores recogen igualmente la reducción de los márgenes de interés y del bruto en ese periodo así como el aumento del ratio de eficiencia (a mayor ratio menor eficiencia).
Asimismo, el sector ha vivido un intenso proceso de digitalización en el mundo, donde hoy se llega por estas vías a 1.750 millones de clientes, frente a los 20 millones de 2008.
El banco ha planteado a los sindicatos prescindir de más de 3.700 empleados en España, el 11 % de los trabajadores, y cerrar 1.150 oficinas, el 26 % de la red, dentro de las negociaciones del ERE tras la integración del Popular. Los sindicatos lo han calificado como "el ERE de todos los ERE".