Laura Serrano-Conde
El banco italiano Carige, intervenido por el Banco Central Europeo (BCE) en enero, está intentando convencer a inversores privados de que inyecten dinero para sanear sus cuentas, al tiempo que observa cada vez más cerca la solución de una recapitalización cautelar estatal.
"En mi opinión, por ahora hay pocas probabilidades de encontrar un socio privado. Creo difícil que se llegue a otras soluciones que no sean un rescate público, llamémoslo como queramos, recapitalización cautelar si se quiere, pero una intervención estatal al fin y al cabo", explica a
Esta experta en economía bancaria matiza, sin embargo, que no cree que el Gobierno italiano ni los administradores concursales que gestionan la entidad nombrados por el BCE acuerden este escenario a corto plazo, pues primero "se intentarán agotar todas las vías".
El banco Carige fue intervenido el pasado enero por el BCE, después de que en diciembre la junta de accionistas no consiguiera aprobar una emisión de bonos y una ampliación de capital por valor de 400 millones de euros, lo que derivó en la posterior dimisión de la mayoría de los directivos.
El BCE nombró a tres administradores temporales que dirigen esta antigua caja de ahorros genovesa y ya han elaborado un plan estratégico para 2019-2023 y buscan inversores privados que apuesten por un plan de rescate.
La gestora de fondos estadounidense BlackRock se había sentido atraída por la situación, pero el pasado 9 de mayo abandonó las conversaciones, dejando al banco fuera de juego y sin ningún otro sujeto interesado en el horizonte.
Fuentes de Carige han asegurado a EFE que el banco está ahora estudiando sus opciones y que la intención es encontrar una solución de mercado, es decir, evitar la recapitalización cautelar con dinero público, que el Gobierno ya ofreció en enero con la aprobación de un decreto ley.
El Ejecutivo italiano, del antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y de la ultraderechista Liga, también ofreció entonces la garantía estatal para la emisión de deuda subordinada, algo que el banco sí ha utilizado para bonos por valor de 2.000 millones de euros.
"Es muy difícil hacer previsiones porque la situación es muy confusa. Parece que los administradores concursales están intentando buscar a inversores, pero el escenario es complejo. Creo que lo más probable es que, antes o después, se llegue a una solución de intervención pública, de recapitalización cautelar como ya se utilizó en 2017 con Monte dei Paschi di Siena (MPS)", comenta por su parte el profesor de Economía Política de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán Angelo Baglioni.
"Si finalmente se emplea este instrumento, el Tesoro podría inyectar en el banco 1.000 millones de euros", añade.
La familia Malacalza, accionista mayoritario de Carige, ha confirmado su disponibilidad a apoyar una "solución de mercado" para la entidad, pero la profesora Cappiello no estima posible que se responsabilice de la totalidad del plan.
"La familia Malacalza está siendo muy prudente porque el banco tiene una situación financiera muy delicada", apunta.
El profesor de Economía de Empresas crediticias de la Universidad de Génova Marco Di Antonio ve la entrada en juego de otro fondo extranjero como "la solución menos dolorosa", aunque se inclina también por que la banca italiana se involucre, a través del Fondo Interbancario de Garantía de Depósitos italiano (FITD).
Este fondo ya suscribió el pasado noviembre 320 millones de euros en bonos de Carige y estaba dispuesto a convertirlos en acciones, en la estrategia que negociaba con BlackRock y que incluía una ampliación de capital de 720 millones de euros.
Sin embargo, el fondo ya ha advertido de que no salvará a Carige en solitario, sino que participará en un proyecto que sume a otro inversor privado, italiano o internacional.
Ante este panorama tan complicado, la última alternativa sería la recapitalización cautelar, una excepción de la normativa europea sobre resolución bancaria, que establece un reparto de la carga de las pérdidas de las entidades entre inversores privados y que ya fue utilizado por el gobierno del Partido Demócrata en 2017 para MPS.
Baglioni advierte de que esta hipótesis sería difícil de justificar por el actual Gobierno, pues las dos formaciones que lo lideran, el M5S y la Liga, han criticado con dureza en el pasado la ayuda estatal a la banca.