Madrid, 19 may (EFECOM).- La grave crisis que atraviesa DIA desde hace meses vivirá previsiblemente un capítulo definitivo mañana lunes, cuando expira el plazo para evitar el concurso de acreedores o la liquidación.
Para conseguirlo, la compañía necesita recuperar el equilibrio patrimonial y salir así de la quiebra técnica, situación en la que se encuentra desde finales de diciembre.
Sus malos resultados de 2018 -con pérdidas de 352 millones de euros- y la revisión a la baja de sus activos le llevó a provisionar más de 184 millones, lo que provocó que su patrimonio neto entrara en números rojos.
El multimillonario ruso Mijaíl Fridman, dueño del 69,76 % de DIA tras la opa lanzada en abril, propone una ampliación de capital de 500 millones de euros para volver al equilibrio y revertir la situación.
Su patrimonio neto al cierre del primer trimestre del año se situaba en 174,9 millones de euros negativos, según el último informe de resultados de la compañía.
La ampliación ya fue autorizada en la junta de accionistas del pasado 20 de marzo -en la cita Fridman ya hizo valer su posición mayoritaria en el capital al aprovechar la baja asistencia-, pero está supeditada a que se cumplan varias condiciones.
Además del éxito de su opa, ya garantizado, Fridman también exige contar con mayoría en el Consejo de Administración de la cadena de supermercados y llegar a un acuerdo con la banca acreedora para que ésta acepte aplazar hasta 2023 el vencimiento de toda la deuda del grupo.
La sociedad LetterOne -controlada por el magnate ruso- reveló el viernes que ya se ha llegado a un consenso con 16 de las 17 entidades financieras implicadas, y fuentes próximas a la negociación han apuntado que sólo falta por firmar el Banco Santander, dueño del mayor porcentaje de deuda de DIA con cerca de 300 millones de euros.
Según ha podido saber Efe, uno de los escollos es el trato a los bonistas, ya que Fridman pretende utilizar parte de la financiación para pagar a éstos y no al resto de acreedores.
Además, fuentes del mercado apuntan a que una parte de los bancos implicados han decidido vender -con pérdidas- a fondos y otros están preocupados por la amenaza que supondría tener que provisionar los perjuicios que se producirían si el grupo solicita el concurso, lo que explica que la mayoría hayan aceptado sus condiciones.