El Tribunal General de la Unión Europea desestimó este jueves el recurso de indemnización presentado contra el Banco Central Europeo (BCE) por inversores privados que sufrieron pérdidas a causa de la reestructuración de la deuda pública griega que tuvo lugar en 2012.
Según los jueces europeos, "dicha reestructuración no constituía ninguna vulneración desmesurada e intolerable del derecho de propiedad de los referidos inversores, incluso a pesar de que estos no hubiesen dado su conformidad a esa medida".
El caso se refiere a un litigio iniciado por algunos inversores contra el BCE como consecuencia de la reestructuración de la deuda pública griega tras el estallido de la crisis en octubre de 2009, y con el fin de retornar a una situación financiera viable.
Para ello, Grecia emprendió negociaciones con los inversores privados poseedores de títulos de deuda emitidos o garantizados por el Estado griego con el fin de llevar a cabo un canje de estos títulos por nuevos títulos de deuda.
El 2 de febrero de 2012 Grecia solicitó al Banco Central Europeo un dictamen sobre un proyecto de ley relativo a las condiciones de reducción del importe de la deuda pública griega, e indicó que deseaba ampliar los efectos de un eventual acuerdo con algunos acreedores sobre un canje de títulos a los que no dieran su conformidad a dicho acuerdo.
En su dictamen de 17 de febrero de 2012, el BCE no formuló ninguna objeción contra la ley griega en trámite.
Tras la aprobación de la ley controvertida, los acreedores que poseían la gran mayoría de los títulos de deuda aceptaron el canje de títulos de deuda propuesto por Grecia y los acreedores que no habían dado su conformidad a ese canje se vieron obligados a participar en él.
Ante esta situación, algunos acreedores presentaron un recurso de indemnización contra el BCE ante el Tribunal General de la Unión Europea para obtener la restitución de las pérdidas financieras que afirmaban haber sufrido debido a que, a su entender, el BCE no había advertido a Grecia sobre el carácter ilegal de la reestructuración de la deuda pública griega proyectada.
Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.