El Banco de España ha hecho público este martes su Informe Anual de 2018 y, como todos los años, aprovecha el documento para recordar sus ‘recetas’ de cara a mantener un crecimiento económico que el pasado año se situó en el 2,6%, cuatro décimas inferior al registrado en 2017.
Aunque el organismo considera que los esfuerzos, ajustes y reformas realizadas en los últimos años suponen un cierto elemento de soporte para los próximos, sí indica que, de cara al futuro, existen algunos riesgos que pueden mermar el ritmo de crecimiento en la economía española. Entre ellos, apunta a los altos niveles de déficit de las administraciones públicas y a la elevada deuda pública española, que roza ya los 1,2 billones de euros.
En este sentido, en un ambiente de cambio de en los gobiernos central y municipales, el Banco de España advierte del riesgo de reversión de algunas de las reformas que han resultado eficaces para favorecer la actual recuperación, señalando la “elevada dependencia financiera frente al exterior, a pesar de los saldos positivos por cuenta corriente de los últimos años”. Y un dato importante, el organismo también apunta a la “vulnerabilidad” de algunos grupos de hogares como consecuencia del aumento de la porción de su gasto realizado con cargo a rentas futuras.
Ante estos retos, el Banco de España conseja dar un nuevo impulso al proceso de consolidación presupuestaria “para dotar a la política fiscal de mayor margen de actuación ante perturbaciones futuras”.
MERCADO LABORAL Y PENSIONES
En el mercado laboral, el organismo apremia a corregir las deficiencias estructurales existentes “cuyos síntomas incluyen una elevada tasa de desempleo (sobre todo para colectivos como los trabajadores más jóvenes y con menor nivel de formación) y los altos niveles de temporalidad y de parcialidad no deseada”. En este sentido, exige que las empresas “maximicen la generación de empleo y ayuden a que aumente el número de horas trabajadas por persona, aspectos que ayudarían a prolongar el proceso reciente de reducción de la disparidad de rentas”. “Para ello, es crucial revisar las políticas activas del mercado de trabajo y la formación continua”, indica el documento.
Del mismo modo, los economistas del Banco de España apuestan por incrementar el atractivo de la contratación indefinida “sin menoscabo de la necesaria flexibilidad para evitar que las recesiones se traduzcan en pérdidas masivas de empleo”.
El organismo presidido por Pablo Hernández de Cos también se hace eco del drama que desde hace años vive el sistema público de pensiones, advirtiendo de la urgencia de llevar a cabo “medidas de calado que garanticen la sostenibilidad del sistema y que sean equitativas desde el punto de vista de los costes y los beneficios que comportan para las distintas generaciones”.
En su Informe Anual de 2018, retoma propuestas que ya había puesto encima de la mesa como el retraso de la edad de jubilación y el ajuste de la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y al crecimiento del PIB (factor de sostenibilidad). Desde el organismo señalan que hay factores que pueden dificultar que se tomen determinadas decisiones políticas, como el hecho de que se hace mayor el votante mediano (valor medio en un conjunto de datos ordenado), lo que incrementará el apoyo social a medidas que favorezcan un aumento de renta de la población de mayor edad.
A juicio del Banco de España, esto podría hipotecar el bienestar de las generaciones presentes y futuras sobre las que recaería el peso de la carga de deuda, que ya se encuentra en niveles elevados. Asimismo, la Dirección General de Economía y Estadística ha cuestionado que las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones tengan que descansar en un "consenso absoluto", cuando uno "razonablemente amplio" podría ser suficiente para no retrasar decisiones que se deberían tomar cuanto antes.
En el informe anual, la entidad dice que el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años, aprobado en 2011 y que se está llevando a cabo de manera progresiva hasta 2027, no ha propiciado de momento un aumento de la edad efectiva de jubilación, que sigue por debajo de los 65 años. Por ello, cree que se debe "reconsiderar" la relación entre las prestaciones del sistema y la edad a la que se reciben, acompasando la entrada en la jubilación y la cuantía de la pensión al aumento de la longevidad.
VIVIENDA: PRIORIDAD PARA EL ALQUILER
En su Informe Anual, el Banco de España también destaca el endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado de la vivienda, “en particular por lo que respecta al mercado del alquiler”. El organismo aboga por dar prioridad a aquellas políticas públicas dirigidas a favorecer la oferta de vivienda de alquiler, explicando que “no parece adecuado limitar el precio de las aviviendas alquiladas, ya que, según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles”.
“Del mismo modo, es conveniente mejorar la seguridad jurídica para que los propietarios de inmuebles encuentren los incentivos adecuados para ofertar sus propiedades en el mercado de alquiler”, explica.
MENSAJE PARA LOS BANCOS
Como no podía ser de otra forma, el Banco de España también ha querido mandar un mensaje al sector bancario, insistiendo en el papel de la industria para el crecimiento económico español. El organismo ha insistido, de nuevo, en la necesidad de que las entidades refuercen sus niveles de capital, un mensaje que en las últimas semanas se ha repetido por parte de los reguladores y que no ha sentado nada bien dentro de la industria después de los últimos años de ajustes y ventas de activos tóxicos.
Aun así, recuerda que este es el único camino para que la banca mejore su rentabilidad, “todavía por debajo del coste de capital”, reduciendo activos problemáticos y adaptándose al nuevo entorno tecnológico y competitivo con la irrupción de las Fintech en segmentos como los fondos de inversión o de las Bigtech en los medios de pago.
El organismo presidido por Hernández de Cos también ha hecho referencia al problema reputacional al que se enfrenta el sector financiero en España y al desafío que supondrá el cambio climático para el conjunto de la industria financiera. Respecto al primer punto, el Banco de España destaca el deterioro en la imagen que tienen los clientes sobre la banca, “lo que obedece, en parte, a determinadas prácticas inapropiadas aplicadas por algunas entidades”.
En este sentido, recuerdan el aumento significativo de los litigios, “que se ha traducido, en algunos casos específicos, en pérdidas económicas para algunas instituciones financieras y en un aumento de la incertidumbre sobre los posibles costes legales adicionales derivados de dichos procesos”.
A juicio del Banco de España, estos problemas también podrían desembocar en una menor demanda de servicios hacia este sector. “Por tanto, la recuperación de la reputación es fundamental para que los intermediarios bancarios puedan afrontar con éxito el contexto más competitivo”, indican.