OHL ha encargado al bufete Baker & Mackenzie la investigación a directivos y ex directivos de la compañía por el presunto pago de sobornos para la consecución de contratos y que, a su vez, están siendo investigados en una pieza separada del caso Lezo, han dicho a Efe fuentes de la constructora.

Este despacho está llevando a cabo una "exhaustiva" investigación "forensic", según las mismas fuentes, que han recordado que la empresa no es parte investigada en ninguna causa y que ninguno de sus empleados ha sido nunca condenado por corrupción.

Durante su intervención en la Junta de Accionistas este martes, el presidente de la compañía, Juan Villar-Mir de Fuentes, anunció que el grupo había abierto una investigación interna para revisar su modelo de prevención de prácticas de corrupción, a fin de detectar posibles fallos y proponer de forma inmediata las correspondientes mejoras.

"Esta compañía está, ha estado y seguirá estando firmemente comprometida con las buenas prácticas de gobierno corporativo, con la transparencia, ética e integridad como principios irrenunciables", ha dicho el presidente de OHL.

"No pretendo eludir asuntos que la actualidad informativa está reiteradamente llevando a titulares, en mi modesta opinión la mayor parte de las veces poco matizada y con datos incompletos, arrojando dudas sobre los procedimientos de la compañía en materia de buen gobierno cuando éstos son irreprochables", ha señalado Villar-Mir Fuentes.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el consejero delegado del grupo, José Antonio Fernández Gallar, ha apuntado que la investigación, en la que también participan los servicios internos de auditoría, se abrió por un caso en concreto, sin que por el momento haya "aparecido nada".

"Estamos colaborando con la justicia. No puedo decir nada más, no tenemos certeza de lo que se está investigando", ha dicho el máximo ejecutivo de OHL, quien ha apuntado que las prácticas investigadas se remontarían a los años 2003 a 2014 y que la compañía se ha puesto a disposición de la UCO para colaborar desde que se pusieron en contacto con ellos.

"Se está analizando si ha habido malas prácticas que chocan con el plan de prevención de la compañía", ha señalado Fernández Gallar, quien ha sido ratificado como ejecutivo por la Junta.

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha llamado a declarar este jueves como investigado a Paulino Hernández, un empleado de OHL, que grabó conversaciones que revelarían el pago "sistemático" de comisiones ilegales a cambio de obra pública en administraciones municipales y autonómicas.

Además del autor de estos audios, esta semana el juez ha citado también como investigado al delegado de obra civil de OHL en Andalucía Oriental, José Manuel Sanjurjo Álvarez.

Las grabaciones fueron encontradas de forma casual en un registro en el marco del caso Lezo cuando se practicaron entradas y registros en las oficinas de OHL, cuyo expresidente Juan Miguel Villar Mir está imputado en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por la adjudicación de un tren entre Navalcarnero y Móstoles.