Madrid, 6 jun (EFECOM).- El Banco Santander está a punto de culminar la integración de la red del Popular dos años después de su compra por el precio simbólico de un euro y de una multimillonaria ampliación de capital para reflotar la entidad, a la que le quedan ahora sólo unos días de existencia.
Hasta el momento, el Santander ha incorporado el 65 % de las oficinas del Popular, unas 950 sucursales repartidas por buena parte de España, por lo que ahora le falta integrar el 35 % restante de la red, cerca de 550 oficinas más, entre las que se incluyen las de Madrid, Andalucía, Castilla y León o Extremadura.
La idea del grupo presidido por Ana Botín es completar plenamente la integración del Popular en julio, después de haber empezado a finales de 2018 muy poco a poco la incorporación de las primeras sucursales, lo que le permitió sumar en la primavera de 2019 a 325 oficinas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.
A continuación, ya en abril, el banco integró otras 275 sucursales de Cataluña y Canarias, y 350 más en mayo de este año de Aragón, Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha, según detallan fuentes del Santander.
La próxima semana sumará las oficinas de Madrid, Castilla y León y Extremadura, que son unas 365 sucursales, por lo que sólo quedará Andalucía para completar el proceso.
La integración del Popular supondrá la desaparición del banco, que ha mantenido cierta identidad y su marca, si bien, desde octubre de 2017, su rótulo empezó a identificar que el banco pertenecía ya al Grupo Santander, que se lo adjudicó en la madrugada del 6 al 7 de junio de aquel año.
Ese día terminó la larga agonía del Banco Popular, que fue intervenido por la Junta Única de Resolución (JUR) europea y vendido inmediatamente al Banco Santander por un euro tras la salida ingente de fondos que había dejado a la entidad al borde del colapso.
La situación se había vuelto tan grave que la falta de liquidez del banco hacía que sus gestores llegaran a plantearse la posibilidad de no abrir las sucursales al día siguiente y solicitar el concurso de la entidad, lo que habría tenido graves consecuencias para sus clientes, accionistas y el resto del sector.
Por eso las autoridades europeas, en coordinación con el fondo de rescate español, decidieron actuar y adjudicar la entidad al Banco Santander por un euro a sabiendas de que el Popular necesitaba una inyección inmediata de liquidez.
El Banco Santander tuvo que ampliar capital por 7.000 millones para hacerse cargo del Popular tras una compra que recibió fuertes críticas de los accionistas de éste último, que vieron cómo se esfumaba su inversión y cómo el grupo de Ana Botín avanzaba que esperaba sacar una rentabilidad cercana al 13 %.
Además, el propio Santander aparecía en todas las quinielas como una de las entidades dispuestas a comprar el Popular antes de que la situación se agudizara e incluso cuando la acción ya estaba muy baja se especulaba con la posibilidad de que el comprador ofreciera una cantidad superior, una prima a los accionistas.
La realidad fue muy distinta, pero Botín se ha defendido públicamente al asegurar que si la intervención no se hubiera llevado a cabo y el Santander no hubiese adquirido el Popular, la quiebra habría costado 36.000 millones para el contribuyente español, es decir, unos "3.000 euros por familia".
La entidad aportó 1.762 sucursales al Santander, 1.644 en España, incluidas las de banca privada, y 118 en Portugal.
En España, el Popular tenía en ese momento 4,1 millones de clientes, una cuota de mercado de entre el 6 y el 7 %.
A pesar de un primer ajuste de plantilla tras la compra, que afectó a los servicios centrales, la cifra de empleados conjunta supera hoy en día los 32.360 y la intención del banco es reducir con un nuevo ERE esa cantidad en 3.464.
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