Madrid, 11 jun (EFECOM).- El Defensor del Pueblo ha denunciado en su informe anual que el marco normativo referido al suministro eléctrico no está adaptado a la realidad social y a las exigencias constitucionales, aunque valora la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
Según el Defensor del Pueblo, sigue existiendo pobreza energética en España, lo que genera que muchas familias se detraigan de otras necesidades básicas para hacer frente al recibo de la luz.
En este sentido, la institución ha considerado positivo el inicio de la elaboración de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, anunciada por el Real Decreto-Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, cuya medida más reseñable es la supresión del peaje al autoconsumo de energía eléctrica.
Entre las medidas llevadas a cabo durante el ejercicio de 2018, el Defensor del Pueblo ha señalado en este informe las referidas a la regulación y aplicación del bono social que, según esta institución, no puede alcanzarse sin la implicación activa de todas las administraciones, incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos.
Además, durante 2018 la institución ha impulsado medidas para favorecer la información de los consumidores, entre las que ha destacado la orientada a informar a los ciudadanos del tipo de suministro eléctrico que tienen contratado.