Madrid, 24 jun (EFECOM).- El Gobierno español sondea al fondo soberano noruego para tratar de captar parte de los más de 17.600 millones de euros de inversión en energías renovables anunciados por este instrumento, que al tiempo desinvertirá unos 11.500 millones en empresas de crudo, gas y extracción de carbón.
Fuentes del mercado han confirmado a Efe que el Gobierno trabaja en esta dirección con el fondo, que dada su potencia inversora tiene un fortísimo efecto arrastre sobre otros inversores institucionales y envía una señal clara sobre la dirección en la que actuar.
El vehículo soberano más grande del mundo, con activos próximos al billón de dólares, gestiona el fondo de pensiones de Noruega pero no se nutre de las aportaciones de los futuros pensionistas sino de los ingresos por gas y petróleo del país, el mayor exportador de Europa occidental.
Las operaciones de inversión y desinversión han sido aprobadas por el Parlamento de Noruega, que ha acordado que el fondo, que tiene más de 30.000 millones de euros o el 6 % de su cartera en activos de combustibles fósiles, no deshará posiciones en los gigantes petroleros (BP, Chevron y Royal Dutch Shell, entre otras) pero sí saldrá de compañías de exploración y producción de energía más pequeñas.
La sociedad noruega presiona de forma creciente para que el fondo, que tiene inversiones en casi 9.200 compañías en todo el mundo, abandone el negocio de los combustibles fósiles y fije una estrategia orientada a fuentes limpias de energía para cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático.
Estos movimientos se producen al tiempo que la Comisión Europea ha dado un paso más en su estrategia de definición de un marco unificado para las finanzas sostenibles dentro del Plan de Acción aprobado en marzo de 2018.
En el marco del Plan de Acción de la UE para vincular al sistema financiero al desarrollo sostenible, el grupo técnico de expertos en finanzas sostenibles emitió la semana pasada tres informes sobre la definición de qué se puede considerar sostenible desde un punto de vista climático (la llamada taxonomía), sobre estándares europeos de emisión de bonos verdes y sobre la construcción de índices de referencia ("benchmark") climáticos.
La Comisión Europea también publicó una nueva guía sobre información corporativa relacionada con el clima para grandes empresas europeas cotizadas que deberá servir de base para las actuaciones en esta materia de compañías y entidades financieras.
Estas iniciativas comunitarias buscan atraer entre 175.000 y 290.000 millones de euros al año de inversión privada para financiar la transición a una economía baja en carbono y servirán de base para la futura normativa europea sobre la materia.
El Marco Estratégico de Energía y Clima español movilizará, según las cifras publicadas por el Ministerio para la Transición Energética, 236.000 millones de euros inversión pública y privada, lo que inducirá un aumento adicional del PIB del 1,8 % en 2030 y la creación de entre 250.000 y 364.000 empleos de 2021 a 2030, el horizonte temporal que abarca este marco.
Las posiciones más significativas del fondo nórdico en las compañías energéticas o con intereses en renovables españolas se ubican en Iberdrola, de la que controla un 3,06 % del capital, con una valoración cercana a 1.800 millones de euros a día de hoy; y Enagás, de la que controla el 2,28 %, con un valor superior a 135 millones.