Bruselas, 26 jun (EFECOM).- Las regiones de la Unión Europea (UE) respaldaron hoy la propuesta de la Comisión Europea (CE) para eliminar la necesidad de unanimidad en temas de política fiscal y cambiar el criterio a la mayoría cualificada, ya que ahora pueden quedar bloqueados con el veto de un solo Estado.
El pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) respaldó este cambio que Bruselas propuso en enero de este año, con vistas a impulsar iniciativas que permitirían mejorar la recaudación, facilitar la vida a las empresas o responder a cambios globales y que, hasta ahora, requieren unanimidad de los países.
De las catorce iniciativas en política fiscal presentadas desde 2014, siete han quedado bloqueadas en el Consejo por la oposición de uno u otro país, según la Comisión.
El ponente de este dictamen, el socialista francés Christophe Rouillon, afirmó que la fiscalidad "no debería ser el enlace más débil de la integración europea", y criticó que el requisito de la unanimidad ha hecho "imposible" cualquier reforma "sustancial".
"Los Estados miembros deben entender que un enfoque europeo permite una mayor recaudación fiscal y una mayor justicia fiscal que todas las soberanías fiscales nacionales combinadas con todos los vacíos legales a los que este sistema da lugar", argumentó Rouillon, que subrayó que sus demandas son compartidas por los grandes partidos de la Eurocámara.
El francés señaló la fiscalidad ambiental y, en concreto, sobre el sector de la aviación, como uno de los asuntos que deben convertirse en prioritarios por el "gran potencial que tienen para los recursos propios de la UE".
El CdR estima que los presupuestos nacionales pierden entre 50.000 y 70.000 millones de euros, debido a estrategias de evasión fiscal, una cifra que aumenta hasta entre 160.000 y 190.000 millones si se le añaden los pactos fiscales para las grandes multinacionales, acuerdos a los que llegan los Gobiernos con las grandes empresas que suponen un trato más ventajoso que al resto.
Para el CdR, una coordinación más potente en este ámbito a nivel europeo no solo permitiría promover la lucha contra los delitos fiscales y la planificación fiscal agresiva, sino que también ayudaría a las empresas que operan de manera transfronteriza.
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