La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y otra decena de personas por administración desleal en operaciones supuestamente irregulares en el Caribe que habrían ocasionado un perjuicio de 28 millones.

La sección primera de la sala de lo Penal será la encargada de celebrar la vista, en la que se analizarán una serie de operaciones de crédito para la compra de hoteles y parcelas en México y República Dominicana suscritas con la sociedad Valfensal, cuyos administradores han llegado a un acuerdo con la acusación.

En su auto de procesamiento, conocido hace un año, la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, percibía indicios de actuaciones "sospechosas", en virtud del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El documento advertía de "irregularidades comunes" en la información aportada por los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó a los directivos de la sociedad TIP, participada por la CAM, así como de los "muy deficientes" estudios sobre los terrenos.

A tenor de las pesquisas, López Abad y su director general de Empresas, Daniel Gil, habrían consentido que los anteriores "dispusieran de elevadas cantidades económicas", contribuyendo a "generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

Hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para los dos ejecutivos de la caja.

Aunque el escrito de la fiscal Belén Dorremochea se dirigía además contra Ferri y Baldó, para los que pedía hasta 22 años de cárcel y 23,6 millones de multa también por delitos contra la Hacienda Pública entre 2008 y 2013, ambos han comunicado a la sala su conformidad con los hechos.

Con el objetivo de reparar el daño causado, los empresarios han abonado los 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM, al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), representado por el abogado Carlos Gómez-Jara y al que resarcirán de forma adicional con las costas del proceso.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, será la primera vez que el fondo, que asumió las pérdidas de la extinta caja a través de una inyección de capital público de 5.249 millones antes de su venta al Sabadell, recibe una indemnización en la vía penal.

Para Ferri y Baldó el acuerdo les supone una contundente rebaja de la pena por administración desleal hasta los seis meses de prisión.

Se sentará además en el banquillo el ex director económico de Valfensal Francisco Climent, sobre quien pesa una petición de 12 años de cárcel como presunto cooperador de los delitos fiscales.

También el ex director general de TIP Vicente Sánchez y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, para los que el Ministerio Público reclama cuatro años de prisión y multa del triple del beneficio obtenido (64 millones).

Lo mismo sucede con los exdirectivos de la CAM Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau, absueltos hace casi tres años en el caso de las dietas.

La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que "con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil, se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó en una provisión de 28 millones de euros".

El fondo denuncia que los órganos de control tanto de la caja como de TIP "infringieron sus deberes" al avalar tales operaciones, gracias a las cuales los empresarios "se beneficiaron" de importes millonarios transferidos desde Valfensal "a cuentas en Andorra de sociedades radicadas en paraísos fiscales".

Irregularidades que contrastan con el estado "crítico" en el que se encontraba la CAM entre 2009 y 2010, cuando "por instrucción expresa" de López Abad y Gil se llegaron a refinanciar tales inversiones.

La de Valfensal será la tercera pieza de la que se pronuncie la Audiencia Nacional, que en octubre de 2017 condenó a López Abad, su sucesora María Dolores Amorós y otros dos antiguos miembros de la cúpula de la CAM a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011.

Casi un año después, suspendía el juicio por las preferentes de la entidad tras la retirada de las acusaciones particulares.