El banquero italiano Andrea Orcel redobla su pulso con el Banco Santander y reclama a la entidad una indemnización de hasta 100 millones de euros por no haberle nombrado consejero delegado del grupo o que cumpla con lo acordado y le convierta en "número dos" de Ana Botín.
A finales de septiembre pasado, el banco anunció que Orcel, ejecutivo de UBS y banquero de confianza de la familia Botín, sería en 2019 el consejero delegado del Santander, en sustitución de José Antonio Álvarez, que pasaría a ser vicepresidente ejecutivo.
La noticia se hizo pública para que el italiano dejara su puesto en el banco de inversión y comenzara un periodo de desconexión antes de incorporarse al Santander, cuya estrategia, en palabras de Ana Botín, iba a seguir siendo la misma.
Sin embargo, Orcel acumulaba un bonus diferido equivalente a siete años de su millonario sueldo en UBS, un dato que el Banco Santander conocía desde el principio de la negociación y que a priori no parecía un escollo.
El banquero, aseguran a Efe fuentes próximas al proceso, había trasladado al Santander la idea de que el bonus se lo pagaría UBS y, si no lo hacía íntegramente, el banco español estaba dispuesto a asumir una parte.
La sorpresa llegó a finales de 2018, cuando UBS aclaró que no abonaría ni un euro del bonus de Orcel con el pretexto de que se iba a la competencia; argumento que sorprendió al Santander, un banco con un modelo de negocio muy distinto al de la entidad suiza.
El banquero de inversión, uno de los mejor pagados de este sector, no estaba dispuesto a renunciar a ese dinero, por lo que el Banco Santander tendría que hacer frente a un abono que rondaba los 55 millones de euros para formalizar el fichaje del italiano.
El grupo presidido por Ana Botín consideró que ese precio era "inaceptable", renunció oficialmente el 15 de enero a nombrar a Orcel consejero delegado y decidió que José Antonio Álvarez -muy valorado por los mercados- siguiera siendo el número dos del banco.
"Seguiremos trabajando juntos y con resultados tan positivos como los que hemos obtenido durante los últimos años", destacó poco después la propia Botín en la junta de accionistas de la entidad.
Orcel, ya desconectado de UBS y sin opción a ser uno de los máximos ejecutivos del Santander, contrató por esas fechas los servicios del despacho de abogados de De Carlos Remón, especializado en Derecho Mercantil, Fiscal y Público.
Desde su entorno se trasladó que estaba dispuesto a demandar a la entidad por el fichaje frustrado, aunque otras fuentes añadían que al mismo tiempo negociaba directamente con el Santander para alcanzar un acuerdo amistoso e incluso acceder a un puesto en la entidad.
Llegó a hablarse de la posibilidad de que Orcel se incorporara al comité asesor internacional de la entidad financiera, pero parece que no se ha alcanzado ningún acuerdo y el italiano ha optado por seguir su camino e incluso piensa en montar su propia boutique de inversión.
Y según adelanta este martes El Confidencial, el banquero ha demandado al Santander para exigirle que cumpla el contrato y le nombre consejero delegado o le indemnice con hasta 100 millones de euros por daños y perjuicios.