La Fundación Repsol ha lanzado un fondo de inversión social dotado con 50 millones de euros que destinará 50 millones de euros a desarrollar una cartera de empresas sociales, que en 2025 podrían llegar a facturar entre 15 y 20 millones y emplear a entre 1.500 y 1.800 personas en riesgo de exclusión social.

El presidente de la petrolera y de la Fundación Repsol, Antonio Brufau, y el director de la Fundación, Antonio Calzada, han presentado este miércoles este fondo, que gestionará la empresa Repsol Impacto Social.

El objetivo del fondo es desarrollar una cartera de empresas participadas con un marcado carácter social, enfocadas a la transición energética e inclusión de colectivos vulnerables, en un principio sólo en España.

Antes de que finalice el año, el fondo destinará al menos cinco millones de euros al desarrollo inicial y a la inversión en las primeras 'startups' (empresas emergentes) sociales, aunque la cifra dependerá de las iniciativas que lleguen y sean consideradas.

Brufau ha asegurado que en los próximos seis o siete años el fondo estará totalmente invertido y generando valor, y ha señalado que ya se han firmado preacuerdos con algunas 'startups'.

Repsol, a través del fondo de su fundación, entrará en la fase inicial de desarrollo de esas empresas y las ayudará a crecer y a ser rentables.

Calzada ha explicado que se tomará participación en las empresas y, dependiendo de cada una y de la voluntad de los fundadores de éstas, la participación podrá ser mayor o menor, si bien Brufau ha señalado que el objetivo no es diluir a nadie, sino que empresas de carácter social que ya facturan multipliquen su facturación por cinco o diez con el apoyo de Repsol.

El objetivo es que todas estas 'startups' sociales sean económicamente sostenibles por sí mismas con el tiempo y que puedan reinvertir los resultados generados en su proyecto.

Repsol también se compromete a reinvertir en las empresas los resultados positivos que pudiera obtener con su crecimiento. La intención de la Fundación Repsol, con esa inversión de 50 millones de euros, es contar con una docena de empresas participadas en 2025.

Esas empresas, que podrán llegar a facturar de 15 a 20 millones de euros, podrían emplear a entre 1.500 y 1.800 personas en riesgo de exclusión social, de las que 500-600 lo serán a tiempo completo.

Los beneficiarios de esos empleos serán personas discapacitadas, jóvenes en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género, drogodependientes en tratamiento y refugiados.

El fondo priorizará cinco segmentos de actuación: cambio climático y reducción de emisiones, con proyectos, por ejemplo, de reforestación, movilidad sostenible, economía circular, eficiencia energética, y productos ecológicos y servicios de inclusión rural.

Brufau y Calzada han explicado que con este fondo se quieren adentrar en un sector poco desarrollado en España como es el de la inversión con impacto social, y dentro de este proyecto han firmado una alianza con dos entidades referentes en España en este tipo de inversión: Fundación Ship2B y Open Value Foundation.