Madrid, 4 jul (EFECOM).- Un viaje al extranjero ha sido el motivo alegado por el ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano para posponer su declaración por el caso Villarejo, donde figura como investigado por su papel de director general de medios del banco en la época del presunto espionaje a políticos y empresarios.
Su ausencia ha sido la nota más destacada de este jueves, en el que por primera vez desde que estallara la llamada "operación Trampa" sobre las supuestas escuchas y seguimientos encargados por el BBVA de Francisco González al excomisario José Villarejo, varios de sus protagonistas han desfilado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
Sin embargo, tanto el director de la red de Banca Comercial del banco, Ignacio Pérez Caballero, como el responsable de rendimiento y control en Finanzas, Javier Malagón, se han acogido a su derecho a no declarar.
Tampoco se ha conocido la versión de Ricardo Gómez, miembro del consejo de administración de Garanti BBVA -la filial en Turquía- que, como Cano, comparecerá ante el titular del juzgado central de Instrucción número 6 el próximo 11 de julio.
Antonio Bejar, presidente de Distrito Castellana Norte -sociedad participada del banco- ha respondido brevemente a las preguntas de su letrado, el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, si bien las fuentes consultadas han declinado comentar el contenido de la declaración al encontrarse secreta esta pieza.
Quien no ha guardado silencio ha sido el ex director de comunicación de la entidad Javier Ayuso, que en su intervención en Los Desayunos de TVE aseguraba que "buena parte del comité de dirección", en el que se incluía, no sabían que se había contratado a Villarejo.
Tema del que "probablemente" sí que estaría al tanto el entonces presidente Francisco González, ha dicho el periodista, quien ha añadido que, en su opinión, todo "fue una actuación directa" del que fuera jefe de seguridad de BBVA y excomisario de la Policía judicial, Julio Corrochano, que "gestionaba todo con Villarejo".
Como reconoció desde noviembre, la entidad contrató los servicios del Grupo Cenyt, entramado societario propiedad de Villarejo, entre otros motivos para evitar que en 2004 la constructora Sacyr se hiciera con el control del banco.
Con este encargo, el BBVA habría accedido a más de 15.000 conversaciones de altos cargos del entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, además de políticos, empresarios y periodistas.
El nombre de Corrochano aparece en contratos con Cenyt, y en las intervenciones telefónicas consta una conversación suya en la que asegura que el "presi" le llamaba cada diez o quince días, en alusión a Francisco González, conocido como FG, que estaría al corriente de esta operación.
De momento, las pesquisas excluyen al expresidente del BBVA y se limitan a directivos como Cano, director general de medios en la época, cargo que incluía responsabilidades en materia de seguridad, y quienes gestionaban el área firmando facturas.
Todos ellos están siendo investigados por delitos de cohecho activo y descubrimiento, y revelación de secretos.
Tras conocer sus imputaciones, el BBVA comunicó esta semana que no prejuzgará a sus empleados y actuará "siempre en base a hechos contrastados y con la información suficiente".
La ronda de declaraciones continuará mañana viernes, cuando han sido citados Corrochano; su sustituta en la dirección de Seguridad Corporativa, Inés Díaz Ochagavia; el jefe del equipo de Seguridad, Nazario Campo Campuzano, y el socio de Villarejo, el abogado Rafael Redondo.