San Fernando de Henares (Madrid), 22 jul (EFECOM).- La Fiscalía Anticorrupción ha elevado este lunes en el juicio por la salida a bolsa de Bankia a 8 años y medio de cárcel su petición de condena para el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y ha añadido falsedad contable al delito de estafa a los inversores.
La fiscal Carmen Launa ha hecho suyos los argumentos de una de las acusaciones populares, la de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide penas de hasta 12 años de cárcel y multas millonarias para la entidad, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte, que fue imputada en el procedimiento a instancia suya.
El Ministerio Público, que hasta ahora acusaba sólo a Rato y a otras tres personas -José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú - ha decidido ampliar su acusación a otras diez; a todos atribuye falsedad contable.
Para el expresidente de Bancaja y ex número dos de BFA-Bankia José Luis Olivas, la fiscal endurece su petición hasta los cinco años de prisión por la presunta falsedad de las cuentas que empleó el grupo financiero en el año de su integración, 2010.
Por su parte, el ex consejero ejecutivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella se enfrenta a un año y seis años de cárcel, mientras que la Fiscalía ha rebajado los cargos al ex número dos de Rato, Francisco Verdú, a entre seis o nueve meses de prisión, dependiendo de la lectura del Código Penal que escoja el tribunal.
Al margen de la modificación de penas para los antiguos administradores del banco, la principal novedad es que ahora Anticorrupción extiende su acusación a varios integrantes del Consejo de BFA y de la Comisión de Auditoría, y pide dos años y medio de prisión para Ildefonso Sánchez Barcoj; dos años para Miguel Ángel Soria; un año y seis meses para Alberto Ibáñez; y un año de prisión sustituible por multa para Araceli Mora, Pedro Bedía, Remigio Pellicer y José García Fuster.
También acusa al exministro del Interior Ángel Acebes, para el que solicita hasta un año y seis meses de prisión, por su papel en la auditoría interna, así como al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, por la presunta estafa a inversores, y para el interventor de Bankia Sergio Durá, sobre los que pesan peticiones de hasta dos años de prisión.
Además, la Fiscalía pretende que tanto Rato como Olivas, Norniella, Sánchez Barcoj y Celma, indemnicen de forma conjunta a los inversores minoristas personados en el procedimiento por el importe de la inversión más los intereses legales, cuantía de la que serán responsables civiles Bankia, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte.
No obstante, Launa pide la libre absolución de Verdú en lo referente a la estafa, así como la del resto de acusados, entre los que se encuentran el exconsejero de la entidad y expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández o los también integrantes de los Consejos del grupo, José Antonio Moral Santín, Javier López Madrid y José María de la Riva.
Tal como hiciera en sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público confirma que no dirige su acusación contra las tres personas jurídicas, BFA, Bankia y Deloitte.
En cuanto a las otras acusaciones, se han adherido a lo expuesto por Anticorrupción la CIC, la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ha excluido a Francisco Verdú del delito de estafa a los inversores ya que "nunca" desempeñó cargo alguno en las cajas.
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