La empresa Lamsac, filial de la francesa Vinci Highways, aseguró que defenderá "enérgicamente" la concesión de la autopista Línea Amarilla, después de que la Municipalidad de Lima anunció que pedirá la nulidad del contrato de operación tras no haber llegado a un acuerdo de reducción de tarifa de peajes.

"Lamentamos el anuncio que desconoce nuestra conducta intachable y el valor de nuestras inversiones en beneficio de los limeños", señaló Lamsac en un comunicado, tras indicar que confía "en el respeto al marco legal e institucional y los tratados internacionales" en salvaguarda de sus derechos.

La empresa sostuvo que, a pesar del anuncio del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el contrato "sigue vigente" y mantendrán sus "obligaciones y compromiso" con sus clientes.

Vinci dijo que llegó a Perú "como inversionista y comprador de buena fe, con una visión de largo plazo" y que "con una conducta intachable, rescató un megaproyecto trascendental para Lima", que representa una inversión privada" de más de 3.200 millones de soles (unos 969 millones de dólares / unos 870 millones de euros).

"Esta es la inversión más grande realizada por el Grupo Vinci fuera de Europa y la mayor realizada por una empresa francesa en Perú", acotó.

La concesión de la Línea Amarilla fue dada en 2009 a la empresa brasileña OAS, durante la gestión de Luis Castañeda, por un periodo de 30 años, aunque en la etapa de su sucesora, Susana Villarán, fue ampliada con una adenda a 40 años.

Si bien desde entonces la adenda suscrita por Villarán generó controversia por los vínculos del concesionario con casos de corrupción, fue este año que la Justicia peruana ordenó 24 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa por presuntamente haber recibido un aporte de 10 millones de dólares de OAS y Odebrecht ( 8,9 millones de euros).

Ese dinero supuestamente fue usado para financiar la campaña contra su revocación en 2013 y su campaña de reelección de 2014, que finalmente perdió.

Castañeda es investigado por el Ministerio Público por el mismo caso, después de que el expresidente de la constructora OAS José Adelmário Pinheiro declaró ante fiscales peruanos que entregó 220.000 dólares (197.000 euros) para su nueva campaña municipal de 2014.

Tras las acusaciones de corrupción contra OAS, la concesión de la Línea Amarilla, una vía expresa que integra 11 distritos y comprende un túnel que pasa en parte por debajo del río Rímac, fue comprada en 2016 por el grupo francés Vinci.

La empresa indicó, en su comunicado, que "condena todo tipo de corrupción y reafirma que nunca tuvo relación con empresas involucradas en acusaciones por actos de corrupción" y que cualquier responsabilidad en hechos de este tipo debe ser "atribuibles a terceros", tras lo cual mencionó directamente a OAS.

"El proceso anunciado por la Municipalidad de Lima no es razonable y carece de análisis y de sustento técnico", remarcó antes de decir que propuso la suscripción de una cláusula anticorrupción, un "paquete de nuevas obras importantes" y reducir la tarifa del peaje de 5,7 a 5,5 soles (1,72 a 1,66 dólares /1,54 a 1,49 euros) "mientras duran los arbitrajes en curso".

Lamsac concluyó que defenderá "enérgicamente el respeto al marco legal y los tratados internacionales vigentes", que consideró una "garantía indispensable para la durabilidad y sostenibilidad" del sistema de concesiones y las inversiones en Perú.

Al hacer el anuncio de la nulidad de la concesión, el alcalde de Lima afirmó que se respetará "el marco legal" para concretar la medida, lo que implicará un costo de 1.520 millones de soles (unos 460,6 millones de dólares / unos 418,5 millones de euros) a la Alcaldía, y manifestó su molestia porque la empresa ofreció reducir el peaje en "apenas 20 céntimos (de sol)", lo que consideró una "burla" para los limeños.