Madrid, 8 ago (EFECOM).- La revalorización de las pensiones conforme al IPC estaría en el aire a partir de 2020, puesto que el índice de actualización del 0,25 % aprobado por el Gobierno del PP seguiría en vigor y solo un nuevo Ejecutivo con plena capacidad podría derogarlo o modificarlo.

El colectivo de los pensionistas es uno de los más perjudicados ante un gobierno en funciones, ya que el Real Decreto Ley sobre pensiones aprobado en diciembre y acordado con Unidas Podemos solo contemplaba la subida de la pensión según la inflación para 2018 y 2019, cuando se revalorizaron el 1,6 % las pensiones generales y el 3 % las mínimas y no contributivas.

Este decreto establecía además un plazo de seis meses para buscar un mecanismo adecuado que garantizara la revalorización de las pensiones cada año sin pérdida de poder adquisitivo, y dicho plazo venció en junio.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se había comprometido a derogar y eliminar este indicador del 0,25 % que supuso una pérdida de ganancia adquisitiva de las pensiones en 2016 y 2017 cuando la inflación cerró el año en el 1,6 % y el 1,1 %, respectivamente.

De momento, en el caso de que se repitiera una investidura fallida en septiembre o hubiera unas nuevas elecciones generales en noviembre, el margen es estrecho para que un nuevo Ejecutivo tome antes de 2020 las medidas necesarias en materia de pensiones.

De hecho, el Ejecutivo ha señalado a través de una respuesta a una pregunta de Unidas Podemos en el Congreso su intención de buscar un nuevo mecanismo de revalorización en el diálogo social y de la Comisión del Pacto de Toledo, aún no constituida.

El Ejecutivo del PP presidido por Mariano Rajoy aprobó el índice de revalorización del 0,25 % en su reforma de las pensiones de 2013 para que se asegurara la actualización de estas prestaciones independientemente de la inflación y no se congelaran, aunque ello supuso una merma de poder adquisitivo a partir de 2017.

El indicador se aplicó desde 2014 a 2017 y, en los Presupuestos Generales de 2018, ante la necesidad de sacar adelante estas cuentas, el PP pactó con el PNV subir las pensiones el 1,6 % con carácter general en 2018 y 2019 así como posponer la entrada en vigor del denominado factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida hasta 2023.

Ahora, con un Gobierno en funciones, que no puede aprobar un Real Decreto que derogue este índice o bien apruebe otro mecanismo diferente, la revalorización de la pensión según el IPC está en aire y se enfrenta a una subida del 0,25 %.

Y ello después de que la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo aprobara por unanimidad, a excepción de ERC, la recomendación segunda que preveía la actualización de la pensión con el IPC "real".

Sánchez se ha comprometido también a acabar con el déficit de la Seguridad Social en un plazo de cinco años después de que cerrara 2018 con un desfase de casi 18.937 millones de euros.

De no haber nuevos Presupuestos para 2020, el préstamo que concede el Estado a la Seguridad Social comenzará el año congelado, lo que aumentaría las posibilidades de tener que utilizar una mayor cuantía del fondo de reserva para hacer frente a las dobles pagas de las pensiones: la de verano y la de Navidad.

Los Presupuestos para 2018 y prorrogados en 2019 recogían la concesión de un préstamo de 13.830 millones de euros, del que este año se han dispuesto ya 7.500 millones de euros para la paga doble de julio, que ascendió a 19.000 millones euros, y sin recurrir de momento al fondo de reserva de la Seguridad Social.

De esta forma, para finales de año apenas quedarán 6.330 millones para hacer frente a la paga de Navidad, por lo que es probable que el Gobierno en funciones deba usar este año también la llamada "hucha de las pensiones", que cuenta con 5.043 millones.