Madrid, 14 ago (EFECOM).- El creciente interés por la minería no energética en España, sobre todo por los minerales considerados estratégicos, preocupa a las organizaciones ecologistas, aunque el sector considera que las empresas son ahora más cuidadosas en su actividad y que la normativa es más exigente.
En la memoria permanece lo ocurrido en 1998 en la mina de Aznalcóllar (Sevilla), propiedad de la empresa sueca Boliden, cuando la rotura de una balsa provocó un vertido de lodos tóxicos que amenazó al Parque de Doñana.
La actividad de la minería está regulada por la Ley de Minas de 1973, aunque en 2009 se aprobó un Real Decreto que establece las obligaciones de las empresas en la gestión de los residuos y la rehabilitación de los terrenos explotados.
Entre otras cautelas, el Real Decreto obliga a las compañías mineras a aportar dos avales para garantizar la rehabilitación de las zonas explotadas y el tratamiento de los residuos generados.
"Todas las explotaciones mineras están obligadas por ley a tener un proyecto de restauración antes de comenzar la extracción", explica Diego López, director de la Cámara Minera de Galicia.
La minería, añade, "tiene un impacto en la naturaleza, como el resto de las actividades humanas", pero "sin duda es menor" que el de otras, como el trafico de automóviles o la agricultura, en este último caso por la filtración al agua de abonos y pesticidas.
En su opinión, "la extracción minera no es un problema para la conservación sino que puede ser una oportunidad".
"Las modificaciones del terreno causadas por la minería han propiciado la aparición de nuevos ecosistemas -humedales o acantilados-, que han permitido el asentamiento de nuevas especies", explica.
En este sentido, pone como ejemplo la rehabilitación de las minas a cielo abierto de Meirama y As Pontes, en La Coruña.
"Se ha apreciado un cambio hacia el bien hacer", asegura a
Gutiérrez reconoce, no obstante, que el sector minero "aún arrastra una imagen negativa" que procede de los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo pasado, una etapa en la que "las cosas se hacían de cualquier manera porque no había una preocupación medioambiental".
"Hay que devolver las cosas al estado en el que se encontraban e incluso mejorarlas.", apunta.
Según Gutiérrez, "ahora es obligación hacerlo bien" porque es necesario aportar avales bancarios por adelantado.
El director general de Confedem destaca que la normativa actual, que traspone una Directiva europea, consagra el principio de que "quien daña, paga".
Gutiérrez se queja de que los criterios medioambientales en la legislación española no están suficientemente claros. "No hay seguridad jurídica en la parte ambiental", apunta.
No obstante, destaca como tendencias positivas el hecho de que el terreno se rehabilite a medida que se avanza en la explotación, y la llamada rehabilitación compensatoria, que solo está en vigor en Andalucía y el País Vasco.
Esta opción permite que la Administración exija a las empresas la rehabilitación de una zona degradada para compensar la explotación de otra.
En la misma línea, Francisco Bellón, vicepresidente de Berkeley Minera España, afirma que la normativa medioambiental es ahora "mucho más estricta" y que se ha producido "un gran cambio" en los últimos quince o veinte años.
"La gente asocia minería a destrucción. Eso ha pasado a la historia", recalca.
Bellón destaca también el efecto positivo de los avances tecnológicos y el hecho de que numerosas empresas mineras sean cotizadas y que, por tanto, "su imagen sea fundamental" para ellas.
El vicepresidente de Berkeley Minera España critica la falta de comunicación entre las administraciones en España y que la legislación no siempre es coincidente.
En sentido contrario, Julio Barea, de Greenpeace, asegura que el impacto ambiental de la minería es "grande y muy serio", sobre todo en las explotaciones a cielo abierto. "No conozco ninguna mina sostenible", subraya.
Barea señala el alto consumo de recursos, por ejemplo de agua, el impacto negativo de las explotaciones en los acuíferos y la elevada generación de residuos, ya que se movilizan "cientos de toneladas de material".
Según el responsable de Greenpeace, en España hay mil balsas mineras.
Al contrario que los representantes del sector, Barea considera que la regulación actual "no es suficiente" y no garantiza la sostenibilidad de la actividad minera.
A su juicio, las fianzas establecidas en la normativa "no son suficientemente disuasorias".
Barea se queja de que las administraciones "ceden al chantaje de los puestos de trabajo".
"Se está apostando con poca seriedad por una actividad con un gran impacto", apostilla.
Por todo ello, pide que la explotación minera solo se acometa cuando resulte "estrictamente necesario".
Además, apuesta por la recuperación y el reciclaje de materiales ya extraídos de las minas, algo que hacen en la actualidad algunas compañías mineras. EFECOM