La Fiscalía Anticorrupción ha señalado este martes al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y a su exnúmero dos José Luis Olivas por impulsar la salida a Bolsa de la entidad aún teniendo el "perfecto conocimiento de que lo que se sacaba tenía deterioros muchísimos más relevantes y no se correspondía con la realidad ofrecida al mercado".
Durante la exposición de su informe final, la fiscal Carmen Launa ha reiterado que la operación fue "en todo momento" iniciativa de Rato, que sólo solicitó autorización al Banco de España cuando "ya disponía del itinerario de hechos y estaba todo consumado", y obvió una posible inyección de ayudas públicas a fin de mantener su puesto al frente del grupo financiero.
Al respecto, la representante del Ministerio Público, que solicita ocho años y medio de prisión para el exministro por presunta estafa a inversores y falsedad contable, ha recordado que, debut bursátil al margen, la entidad también habría podido recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cubrir las exigencias de capital impuestas por el cambio normativo.
De hecho, ha puntualizado Launa, la propia dirección de seguimiento e inspección del organismo recomendó condicionar cualquier posible aval a la operación a "la remisión de más información" y a la entrega de un plan de ayudas que no sólo "no se llegó ni a plantear", sino que "tampoco consta que el regulador lo solicitara a pesar de no estar presentado".
"Nos preguntamos qué hubiera pasado si el Banco de España hubiera dicho que no procedía (la salida a Bolsa) y hubiera visto más factible la solicitud del FROB, cuando a iniciativa de Rato ya se había puesto todo en marcha", ha destacado la fiscal, que ha hecho hincapié en que el expresidente del banco desplegó incluso una campaña publicitaria antes de contar con el visto bueno.
De este modo, le responsabiliza del salto al parqué de julio de 2011, incluida la información "falsa" contenida en el folleto informativo ofrecido a los inversores, irregularidades que "fueron únicamente atribuibles a los miembros de los consejos de administración de BFA y Bankia", más en concreto a sus máximos directivos.
Junto a Rato, la fiscal apunta directamente a Olivas y el que fuera director de riesgos del grupo Ildefonso Sánchez Barcoj, "únicos conocedores de estos extremos", quienes habrían contado además "sin ningún género de dudas" con la cooperación del ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella.
"Todas estas personas eran conocedoras, con prueba acreditada, de los déficit de valoración realizados en BFA a 31 de diciembre de 2010, que fueron transmitidos después a Bankia", ha sentenciado.
En su escrito de conclusiones finales, Launa pide cinco y seis años de prisión para Olivas y Norniella, respectivamente, en tanto que rebaja a dos años y medio de cárcel su petición para Sánchez Barcoj.