Madrid, 5 sep (EFECOM).- Un juez de Connecticut (Estados Unidos) ha autorizado a la familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere, a aportar a la Comisión de Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la información confidencial a la que han tenido acceso para demostrar que los fondos que controlan la empresa actuaron de forma "ilegal".
La familia Martínez Sampedro solicitó a las autoridades estadounidenses la práctica de un "discovery", una figura que permite tener acceso a información confidencial de los demandados, como, por ejemplo, correos intercambiados entre ellos, y que, por primera vez, podrá utilizarse en España como prueba.
"Con su autorización, la justicia americana permite investigar la operativa de los fondos norteamericanos en su propio país, para su aportación como prueba si están demandados en el extranjero. En este caso, y por primera vez, en España", ha destacado.
Tras recibir autorización por parte de la Corte de Connecticut, decisión que, no obstante, es recurrible; los fundadores de Codere podrán aportar dicha prueba ante la CNMV.
La familia confía en que el supervisor requiera dicha prueba porque no hacerlo "sería una dejación flagrante de sus funciones", ya que, aseguran, prueba que los fondos actuaron de forma concertada.
La familia Martínez Sampedro, actualmente dueña del 18,5 % del capital de Codere, ha pedido a la CNMV que obligue a los fondos que controlan el grupo de juego a lanzar una opa sobre el 100 % de su capital por actuar de forma concertada e "ilegal".
A finales de marzo, el supervisor bursátil admitió a trámite una denuncia en la que acusaban a los fondos Silver Point, Contrarian y Abrams -cuya participación conjunta en Codere supera el umbral del 30 % al que la ley obliga a lanzar un opa- de actuar de forma concertada y "manejar" el consejo de administración de la compañía, al menos, desde enero de 2018.
Ese mes, el consejo de administración de Codere cesó como presidente a José Antonio Martínez Sampedro y como vicepresidente a su hermano Luis Javier, permaneciendo ambos en el consejo sin funciones ejecutivas y en calidad de consejeros dominicales. Entonces, Silver Point tenía el 23,19 %, Contrarian el 9,85 % y Abrams el 8,72 %.
José Antonio Martínez Sampedro achacó el cese a las discrepancias en la gestión de Codere que mantiene con los fondos "buitre" que se hicieron con la mayoría de su capital con motivo de su reestructuración financiera en 2016.
Esa decisión del consejo fue impugnada ante un juzgado de lo Mercantil por los Martínez Sampedro, que también han llevado el caso ante un arbitraje en París por entender que los fondos han incumplido el pacto de equilibrio entre los accionistas al que se llegó con motivo de la reestructuración financiera de Codere.