Abengoa México extendió hasta el próximo 11 de octubre el plazo fijado para que sus acreedores apoyen el acuerdo de reestructuración de una deuda de 200 millones de euros que permitiría a la filial de la multinacional española salir del concurso mercantil (suspensión de pagos).
"La compañía, por este medio, informa al público inversionista que ha tomado la decisión de extender nuevamente el periodo para que sus acreedores suscriban el Convenio Modificatorio hasta el día 11 de octubre de 2019", expresó Abengoa México en un comunicado.
La empresa de infraestructura energética logró que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México aprobara en enero de 2018 un acuerdo con sus acreedores para salir del concurso mercantil en el que había entrado en 2016.
Pero en noviembre de 2018 volvió a entrar en concurso mercantil luego de que el Tribunal Unitario de Circuito Auxiliar de la Séptima Región de Acapulco tumbara el convenio, que había sido recurrido por un acreedor.
Según informó la compañía, un nuevo convenio "se encuentra en proceso de revisión" para determinar el porcentaje de firmas obtenidas, que debe superar el 50 % de la masa acreedora.
Además, Abengoa México explicó que algunos de los acreedores han solicitado "tiempo adicional" para analizarlo y, si lo estiman conveniente, suscribirlo.
Recordó también que en julio de 2019 ganó un amparo en el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones por el cual "no resulta necesario esperar a que se resuelvan los recursos de apelación interpuestos" para aprobar el nuevo convenio.
"Abengoa México continuará realizando las acciones que resulten necesarias para garantizar su viabilidad financiera y el tratamiento equitativo de todos sus acreedores", expresó la empresa en el comunicado.
El primer convenio que Abengoa México presentó ante el juzgado tuvo el respaldo del 95,7 % de sus acreedores.
En concreto, el convenio fue firmado por el 95,696 % de los acreedores totales y por el 82,966 % de los llamados acreedores comunes: tenedores de bonos, bancos y proveedores. Pero fue impugnado por Banco Base, uno de sus acreedores.