Madrid, 26 sep (EFECOM).- Las empresas no financieras del IBEX 35 pagaron en un plazo medio de 169 días en 2018 y triplicaron el límite de los 60 días que marca la Ley, según ha denunciado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que ha insistido en la necesidad de un régimen sancionador.
El informe de la PMcM difundido este jueves señala que la morosidad de las compañías del selectivo, que no son entidades financieras, alcanzó los 60.409 millones de euros en 2018, según se desprende de los balances publicados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Añade que si se tienen en cuenta los datos agregados del resto de empresas del mercado de la Bolsa española, la morosidad ascendería a 78.827 millones de euros y el plazo de pago medio en 2018 habría sido de 180 días.
No obstante, los plazos de pago han mejorado el año pasado respecto a 2017, y mientras en las empresas del IBEX no financieras se ha reducido el 7 %, en las de todo el mercado continuo, excluyendo la banca, habría bajado el 6 %.
El sector del comercio y los servicios ha sido el que más morosidad registró en 2018, con unos plazos de pago medios de 339 días, mientras que las empresas del sector de la construcción e inmobiliarias pagaron a 267 días de media.
El sector de la industria tuvo un plazo medio de pago de 165 días y el de la energía, de 92 días, frente a los 100 que registró en 2017.
En cuanto al plazo de cobro de las grandes empresas del IBEX, excluyendo la banca, se situó en los 57 días de media y mejoró en 5 días respecto al año pasado, al tiempo que el del resto del sector de la Bolsa española no financiera se situó en los 61 días, 6 días menos que en 2017.
Asimismo, los sectores que mejores plazos de cobro registraron fueron el de la energía y el de la industria (52 días de media) mientras que el sector de la construcción cobró a 93 días y el del comercio y servicios a 58 días.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha criticado que mientras que las compañías si cobran a plazo "pagan a triple de tiempo".
Ha insistido al Gobierno que salga de las próximas elecciones generales que "agilice" el trámite en el Congreso de la proposición de Ley de refuerzo de lucha contra la morosidad, que contemplaba un régimen de multas que podían llegar hasta los 900.000 euros.
Esta iniciativa que procedía de Ciudadanos y del PDeCAT se encontraba en fase de ponencia en noviembre de 2018 para ser debatida en la Comisión de Economía del Congreso y quedó en suspenso una vez que se suspendieron la Cortes en marzo de este año.