El juzgado de primera instancia número 46 de Madrid celebrará el 13 de abril de 2020 la vista previa del juicio oral entre el Banco Santander y Andrea Orcel, el italiano que a punto estuvo de convertirse en número dos de Ana Botín, según fuentes jurídicas.
El banquero demandó este verano al Banco Santander, al que reclama hasta 112 millones de euros por cancelar a principios de este año su fichaje, anunciado públicamente unos meses antes, y que llevó a Orcel a abandonar su puesto de alta dirección en UBS.
A pesar de que la entidad trató de llegar a un acuerdo con el banquero tras renunciar a su contratación como consejero delegado, la situación entre ambos se distanció y parece que sólo los tribunales serán capaces de resolver el conflicto.
Orcel acusa al Santander de incumplir un contrato que el banco ni siquiera reconoce, pues estaba condicionado a varios requisitos que posteriormente no se cumplieron; además, la entidad asegura que el banquero grabó sin consentimiento conversaciones privadas.
Salvo que el italiano desistiera, el 13 de abril el juez procederá a estudiar los hechos que llevaron a Andrea Orcel a interponer la demanda contra el banco y escuchará la versión de los abogados de las dos partes, como adelanta La Información.
El Santander frustró la contratación del banquero, tras constatar que tendría que asumir los compromisos de pago del salario diferido de Orcel de siete años, un precio "inaceptable" en palabras de Botín.
El banco aclaró que cuando anunció el fichaje no era posible anticipar el coste final exacto para el grupo, sin embargo Orcel sostiene que el Santander incumplió un preacuerdo en el que se le ofrecía una prima de fichaje de 17 millones y un sueldo similar al del actual consejero delegado, unos 10 millones al año.
Sobre este punto, el Santander destaca que dicha oferta "nunca se materializó y no es el contrato que exige la ley".
Con el fin de compensar el "bonus" pendiente del banquero de inversión italiano en su anterior puesto como ejecutivo de UBS, Santander estaba dispuesto a entregarle acciones de la propia entidad por un importe máximo de 35 millones, si bien la idea era que esta cuantía se redujera en el marco de la negociación con el banco suizo.
Pero el banquero, señalaba el Santander en su escrito de alegaciones, nunca tuvo intención de que UBS asumiera parte de sus incentivos y aunque pidió a la entidad española ayuda para redactar una carta que enviaría a UBS instando al banco suizo a asumir la mitad de la retribución diferida, no consta que ésta se enviara.
Además, el Santander asegura que Orcel aumentó sus pretensiones y expresó la necesidad de compensar una nueva y supuesta pérdida retributiva por su salida de UBS en concepto de la no percepción de dividendos e intereses, que estimaba en unos 3 millones de euros.