Madrid, 2 oct (EFECOM).- El juicio en el que la fiscalía pide 64 años de cárcel para el empresario del acero José María Aristrain por defraudar a Hacienda 211 millones de euros ha sido suspendido este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid, que estudiará nueva documentación y decidirá si eleva el caso a la Audiencia Nacional.
Aristrain fue el máximo accionista de Aceralia y uno de los principales de Arcelor.
La Sala ha dado dos días de plazo para alegaciones a las partes, tras decidir suspender el juicio debido a la abundante documentación recibida en los últimos días.
Asimismo, el tribunal se ha emplazado a decidir si la competencia para juzgar el presunto fraude correspondería a la Audiencia Nacional, debido a la trascendencia económica, ya que la fiscalía pide también una multa de 1.190 millones de euros, junto a 211 millones por responsabilidad civil.
El tribunal decidirá "seguramente la próxima semana" si eleva el caso o si dispone una nueva fecha para el juicio, según han explicado letrados y funcionarios de Justicia a los periodistas tras la comunicación a las partes a puerta cerrada en la Sala Segunda de la Audiencia madrileña.
La fiscalía apoya que sea la Audiencia Nacional la que juzgue, según han indicado varios abogados de Aristrain (que ha acudido en silla de ruedas) y de las empresas que también son parte acusada en el proceso.
Estos letrados han explicado que la más reciente documentación aportada incluye pruebas del reconocimiento por Suiza de Aristrain como residente y contribuyente en el país helvético.
La fiscalía acusa al empresario de haber cometido 15 delitos de elusión tributaria entre 2005 y 2009.
En sus conclusiones provisionales, la fiscalía señala que en 1998 Aristrain ordenó la constitución en Holanda de una corporación "para acogerse artificiosamente y de forma abusiva al muy beneficioso tratamiento fiscal de dicho país".
Añade que posteriormente el empresario español dispuso el traslado de su gestión a Luxemburgo, mediante otra corporación de la que él poseía dos tercios y el capital restante pertenecía a una fundación con sus apellidos.
Según la fiscalía era una "falaz apariencia", puesto que el control se hacía desde Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde comenzó la instrucción del caso hace 8 años.