Madrid, 9 oct (EFECOM).- Los bancos españoles confían en que la etapa que se abre a partir de noviembre en el Banco Central Europeo (BCE) con Christine Lagarde al frente traiga nuevas políticas para alcanzar el objetivo de elevar la inflación y el crecimiento y dé un poco de aire al sector financiero para recuperar rentabilidad.
El último Consejo de Gobierno del BCE fue más movido que de costumbre, con discrepancias entre sus miembros sobre los efectos de la política monetaria ultralaxa llevada a cabo por Mario Draghi al frente del BCE, que consiguió salvar el euro en los momentos más duros de la crisis pero no logra activar el crecimiento de los precios.
Cada vez hay más declaraciones y gestos en esa dirección, el más reciente la dimisión de la consejera alemana del BCE, Sabine Lautenschlaeger, el pasado 25 de septiembre.
A las tesis siempre contrarias del Bundesbank a la política expansiva practicada por Draghi se han sumado los gobernadores de los bancos centrales de Austria, Holanda y Francia, que creen que los tipos cero y negativos no están contribuyendo a elevar la inflación a niveles cercanos al 2 %, la cota que se considera compatible con un crecimiento sano.
También la presidenta del Santander, Ana Botín, se manifestó en ese sentido en una conferencia reciente con analistas en Londres, donde se quejó de que esta política monetaria no está funcionando y, además, daña la rentabilidad de la banca.
En esta misma tesis coinciden expertos de distinto signo, que señalan que, una vez constatado que la política monetaria ha dejado de producir efectos, es el momento de que actúe la política fiscal, con aumentos de gasto público que impulsen el crecimiento y los precios.
Así lo entiende José Manuel Amor, socio de AFI, para quien la política de tipos negativos "tiene su lógica" aun cuando pueda generar distorsiones, pero debe ir acompañada de un esfuerzo fiscal por aquellos países que se lo pueden permitir, como Alemania, que tiene superávit fiscal desde 2014 y su deuda en el 60 % del PIB.
En esta misma línea se mueven expertos de Funcas como Erik Jones, que defiende que el BCE debe fraguar un nuevo consenso sobre los plazos, el contenido, los párametros y las repercusiones de la política monetaria en función de si los Gobiernos de la eurozona están o no dispuestos a aplicar programas de estímulo fiscal.
No obstante, son conscientes de que el campo de actuación en ese ámbito es limitado por los objetivos de consolidación fiscal que impone Bruselas. Por ejemplo, España tiene poco margen, porque acaba de salir del Procedimiento de Déficit Excesivo y el volumen de deuda pública respecto al PIB se sitúa en el 98,9 % a cierre de junio.
Ahí encajaría el instrumento conjunto para la eurozona de política fiscal con capacidad de actuación anticíclica, no controlado por los países y de tamaño moderado de que han hablado recientemente tanto Draghi como el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos.
Fuentes de las entidades financieras españolas coinciden en que el empujón a la economía debe venir del ámbito fiscal y no con apoyos como los tipos negativos -cuyos efectos son cada vez menores y sus costes crecientes- y creen que Lagarde es consciente de esta situación.
Los analistas de Funcas Santiago Carbó, Pedro Cuadro y Francisco Rodríguez dicen que la expectativa de nuevas reducciones de tipos ha tenido una incidencia negativa adicional en la ya maltrecha rentabilidad de la banca y afirman que la evidencia empírica sugiere que reducir los tipos de interés por debajo de cero no tiene efectos prácticos para estimular el canal de crédito.
El analista de economía global de la gestora de renta fija Pimco, Joachim Fels, cree probable que una de las primeras iniciativas del BCE bajo el mandato de Lagarde -con el respaldo del economista jefe, Philip Lane- sea revisar la estrategia y ver si el objetivo de inflación debe ser modificado, al tiempo que pide mayor coordinación fiscal entre los países.
Mientras se definen las estrategias, la banca afronta un horizonte en el que deberá, según reconocen las fuentes del sector, aquilatar sus costes de personal y operativos para tratar de buscar la rentabilidad que de momento no le ofrece el negocio tradicional de prestar y captar fondos.
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