Valencia, 21 oct (EFECOM).- El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha explicado este lunes en IvieLAB el trabajo de evaluación del gasto público que el Gobierno central le encargó a la institución, a petición de la Unión Europea, y ha señalado la necesidad de reforzar la evaluación de las políticas públicas.
"La falta de acceso a los datos, los problemas metodológicos, el escaso seguimiento de las recomendaciones o que el proceso presupuestario no incluya la necesidad de la evaluación de los resultados en las políticas públicas son algunos de los factores que determinan el déficit evaluador en España", ha remarcado Escrivá.
En su intervención enmarcada en la última sesión del ciclo de conferencias "Evaluación de la sostenibilidad de las políticas de bienestar en el siglo XXI", ha explicado que ese déficit no solo afecta a las instituciones públicas de control y fiscalización, sino también a las consultoras privadas y a los académicos, según informa el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Escrivá ha mostrado en su conferencia cómo se ha desarrollado la primera fase de este trabajo llamado Spending Review y centrado en el gasto público.
El conferenciante ha adelantado las características de la segunda fase, en la que participa el Ivie en un estudio sobre la evaluación de políticas en infraestructuras de transporte, y en cuyo estudio se está evaluando un volumen de gasto de cerca de 70.000 millones de euros anuales, equivalente al 6 % del PIB.
Este engloba un gasto hospitalario de 2.080 millones, bonificaciones a la contratación de 2.300 millones, infraestructuras de transporte de 5.500 millones, y beneficios fiscales que alcanzan los 55.000 millones de euros, según las fuentes de Ivie.
Para Escrivá se ha logrado un compromiso político firme, aunque "ha sido necesario vencer las objeciones de las administraciones públicas a ser evaluadas, ya que falta cultura de rendición de cuentas y asunción de responsabilidades y transparencia".
El presidente de AIReF ha destacado "el gran esfuerzo por promover una nueva forma de evaluación, con compromiso nacional, presión y vigilancia y con un enfoque centrado en la eficacia y la eficiencia".
Además, ha insistido en que el cambio tiene que apostar también por "el carácter permanente de la evaluación y que la ambición debe ir más allá de las evaluaciones del sector público".