Madrid, 22 oct (EFECOM).- El Gobierno prevé un impacto de 120 millones de euros para 2020 por la reversión al Estado de las autopistas de peaje en quiebra, en concreto, por el "rescate" de la AP-41 que conecta Madrid con Toledo y que fue la última que pasó a ser gestionada por el Estado en febrero de este mismo año.

Así consta en el Plan Presupuestario para 2020 remitido recientemente por el Ejecutivo en funciones a Bruselas.

Además, cabe destacar los 1.800 millones de euros por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) asociada a las autopistas en quiebra que han pasado a manos del Estado, un importe que el Gobierno decidió mantener en el plan presupuestario de 2019 enviado a Bruselas.

Esta cifra fue inferior a los 2.000 millones de euros que el gobierno anterior recogió en el plan presupuestario de 2018 y que fue remitido a Bruselas en octubre de 2017. Sin embargo, a principios de mayo de 2018 rebajó esa cifra a 1.800 millones en el plan de estabilidad que envió al Ejecutivo comunitario.

Pese a las estimaciones del Gobierno, los fondos acreedores cifran la RPA en unos 4.500 millones.

Tras asumir la AP-41 en febrero de este año, el Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa, pasó a gestionar todas las autopistas de peaje que se vieron abocadas al concurso de acreedores y posterior liquidación de sus sociedades concesionarias.

Es el caso de la R-2, R-3, R-5, R-4, M-12 Eje Aeropuerto, AP-7 Cartagena Vera, la Circunvalación de Alicante y la propia AP-41, que fue la primera en acogerse al concurso de acreedores.

Una vez resueltos los contratos de concesión de estas vías, el Ministerio de Fomento abrió el plazo para calcular la RPA asociada a estas carreteras, siendo su intención determinar esta cantidad cuanto antes.