Madrid, 31 oct (EFECOM).- Un exanalista de Caixanova ha admitido este jueves en la Audiencia Nacional como testigo que el préstamo de 67,1 millones que la entidad concedió en 2007 a una operación inmobiliaria en Rivas (Madrid) era "elevado", del 85 % del valor de tasación, por encima de los límites habituales del "50 o 60 %".

Durante la sesión también ha intervenido por segundo día el que fuera responsable de la división de planificación financiera de la caja gallega Domingo González Mera, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión por administración desleal continuada, que ha insistido en que "siempre" trataron "de hacer lo mejor, dentro de los manuales".

A preguntas de su defensa, González Mera ha recordado que aunque llegó a estar entre los investigados por otras operaciones de Caixanova investigadas por la justicia, finalmente fue apartado de estas causas al quedar acreditado que su intervención se limitó a temas de "refinanciación", muy frecuentes en aquellos años (2009-2010).

Por su parte, el antiguo analista de la caja, que ha inaugurado la ronda de testificales, ha querido aclarar que a pesar del riesgo que presentaba el préstamo lo recomendó porque veían "cosas buenas".

"Era en Rivas, donde íbamos a abrir una oficina, era un suelo importante del que una parte se iba a destinar a Vivienda de Protección Oficial (VPO), estaba el metro de Rivas...", ha indicado a la sección cuarta de la sala de lo Penal presidida por la juez Teresa Palacios.

Aún así, ha dicho, sugirió compartir la operación "con otras entidades", puesto que "por entonces, ya había síntomas de que se vendían menos viviendas".

Acto seguido le ha llegado el turno al ex subdirector general Alberto Miguez, que ha advertido de que para Caixanova no era bueno cancelar ese préstamo, a pesar de los problemas que arrastraban las sociedades deudoras, por un tema de reputación e imagen.

La de Rivas es una de las siete operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al Ministerio Público, que carga contra el expresidente de la caja Julio Fernández Gayoso, el ex director general José Luis Pego, su adjunto, Gregorio Gorriarán, y González Mera.

A tenor del escrito de Anticorrupción, los acusados intervinieron en la concesión de un préstamo de 67,1 millones de euros para la compra de un solar en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, sin explicar al consejo de administración los riesgos, que acabaron por ocasionar un perjuicio de 41,8 millones de euros.

Tampoco se valoró que los prestatarios presentaban problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio en un momento en el que ya sería evidente la ralentización de las ventas en el sector inmobiliario.

Las irregularidades habrían proseguido tras la constitución del contrato con sucesivas modificaciones de los términos sin previa consulta al consejo, al que no se avisó de una segunda refinanciación de la que, indica Fiscalía, no existe solicitud expresa y que fue formalizada fuera de los cauces.