Madrid, 7 nov (EFECOM).- Los dos representantes de la familia Martínez Sampedro en el Consejo de Administración de Codere que han abandonado la compañía lo han hecho "espantados" por lo que está saliendo en la investigación abierta por las "inconsistencias" contables detectadas en filiales latinoamericanas.

Según han explicado a Efe fuentes conocedoras de la situación, ambos ejecutivos han decidido salir del máximo órgano de decisión de la empresa de juego Codere porque la investigación abierta está mostrando que las "inconsistencias" no se limitan a esas filiales.

La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere y dueña del 18,5 % del capital, estaba representada en el Consejo por Pío Cabanillas, que se mantiene; Alberto Manzanares Secades, que presentó su renuncia el 7 de octubre por razones personales, y Fernando Sempere Rodríguez, que hizo lo propio el miércoles alegando motivos profesionales.

Tanto Manzanares como Sempere entraron en el Consejo de Codere en sustitución de los hermanos Martínez Sampedro, que mantienen discrepancias con los fondos que actualmente controlan la compañía y que en junio quedaron fuera del Consejo al no ser renovados en el cargo al vencimiento del periodo para el que fueron nombrados.

Precisamente, el 7 de octubre, Codere comunicó al mercado que había detectado "inconsistencias" en los resultados publicados de algunas de sus filiales latinoamericanas (México, Colombia y Panamá) y encargó un análisis a un asesor externo para esclarecer la situación y asegurar la máxima transparencia en las prácticas contables.

Inicialmente, la compañía señaló que estas "inconsistencias" tendrían un impacto máximo de entre 13 y 18 millones de euros en las cuentas comunicadas del primer semestre y reducirían sus expectativas de ebitda (beneficio bruto de explotación) ajustado para el ejercicio completo en unos 20 millones de euros.

En paralelo, la familia Martínez Sampedro, que deberá proponer a dos nuevos consejeros y ha criticado públicamente la gestión de los actuales máximos accionistas, ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obligue a los fondos que controlan el grupo de juego a lanzar una opa sobre el 100 % de su capital por actuar de forma concertada e "ilegal".