Madrid, 11 nov (EFECOM).- El exdirector de Inspección del Banco de España Pedro González ha dicho este lunes en la Audiencia Nacional que el fallido proyecto inmobiliario que Caixanova emprendió en 2007 en Rivas Vaciamadrid (Madrid) era una operación "normal", con tasaciones, y sobre un terreno "que no tenía especulación".

En calidad de testigo, González ha insistido en que el préstamo de 67,1 millones de euros que concedió la caja de ahorros gallega presentaba unas características razonables a ojos del equipo de inspectores y ha pedido que no se hagan juicios "retrospectivos", ya que "en aquellos momentos" nadie podía predecir "lo que se nos venía encima", en alusión a la crisis económica.

"Con el paso de los años todos hemos sido capaces de verlo, pero en 2007 no pensábamos que había una burbuja (inmobiliaria) tan relevante", ha señalado al tribunal, al que ha reconocido que ningún organismo, ni el Fondo Monetario Internacional (FMI), se imaginaba que el futuro, "más que negro, era tenebroso".

Sobre los detalles de la operación, González ha explicado que su equipo preveía que los deudores podían cumplir con los pagos en el tiempo estimado, pues era "un terreno que no tenía especulación, no había que mejorar la calificación, se había vendido por el Ayuntamiento de Rivas, había una tasación de una entidad de primera línea, informes de analistas que no eran negativos", y estaba avalado personalmente por los socios de la compañía prestataria.

A preguntas de la defensa del exresponsable de la división de planificación financiera de Caixanova Domingo González Mera, también ha indicado que la entidad no sólo tenía dotados "prácticamente" todos sus préstamos, sino que disponía de "200 y pico millones en provisiones genéricas que podían utilizarse para cubrir los 60 o 70 millones" que aún no lo estaban.

De igual modo, ha aclarado que refinanciaciones como las que hizo la caja "no es algo, en principio, pecaminoso", no en vano "a veces es más racional refinanciar bien que provocar una ejecución hipotecaria u otra situación de agresión al deudor, lo que generaría más problemas a la entidad" a la hora de garantizar el recobro de la deuda.

La anécdota de la sesión ha sido la propia comparecencia de González, que volvía a testificar ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, esta vez presidida por la juez Teresa Palacios, apenas meses después de hacerlo por el caso Bankia.

La de Rivas es una de las siete operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la Fiscalía Anticorrupción, que pide cuatro años de prisión por administración desleal continuada para el expresidente de la caja Julio Fernández Gayoso, el ex director general José Luis Pego, su adjunto, Gregorio Gorriarán, y González Mera.

A tenor del escrito del Ministerio Público, los acusados intervinieron en la concesión de un préstamo de 67,1 millones de euros para la compra de un solar en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, sin explicar al consejo de administración los riesgos, que acabaron por ocasionar un perjuicio de 41,8 millones de euros.

Tampoco se valoro que los prestatarios presentaban problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio en un momento en el que ya sería evidente la ralentización de las ventas en el sector.

Las irregularidades habrían proseguido tras la constitución del contrato con sucesivas modificaciones de los términos sin previa consulta al consejo, al que no se avisó de una segunda refinanciación de la que, indica Fiscalía, no existe solicitud expresa y que fue formalizada fuera de los cauces.