Madrid, 11 nov (EFECOM).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama retoma este martes el caso que investiga las dos últimas gestiones del Banco Popular con la declaración del expresidente del Banco Pastor José María Arias y del exsecretario del consejo de Popular durante la presidencia de Ángel Ron, Francisco Aparicio.

Aunque está previsto que ambos comparezcan mañana, fuentes jurídicas consultadas por Efe no descartan que el interrogatorio se extienda, al menos, hasta el próximo miércoles, una opción que se antoja posible si se tiene en cuenta lo incisivo que se ha mostrado el magistrado en ocasiones anteriores.

Como figura en el calendario, el primero en intervenir será José María Arias, que en 2011, durante el mandato de Ángel Ron, accedió a la vicepresidencia del Popular después de que la entidad absorbiera el Banco Pastor, del que estuvo al frente durante más de una década.

Por su parte, Francisco Aparicio, que también declarará en calidad de investigado, es uno de los rostros históricos del banco, al que accedió en diciembre de 2003 como consejero de pleno derecho y secretario tanto del consejo como de la comisión ejecutiva.

Las comparecencias de Arias y Aparicio se producen en el marco de la primera pieza separada del caso, que investiga la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que el Popular de Ángel Ron acometió en la primavera de 2016.

Una operación que recientemente ha defendido ante el juez el propio expresidente de la entidad, que apeló a una carta que el Banco de España envió ese mismo mayo a la CNMV en la que el organismo decía que la ampliación era suficiente para conseguir igualar el nivel de coberturas a las del resto del sector bancario español.

Al margen de esta vía, los nombres de los dos ex altos cargos del banco también figuran en el expediente que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió al Popular, a sus consejeros ejecutivos, a los miembros de su comisión de auditoría y a su director financiero, por "aspectos" relativos a las cuentas anuales de 2016 de las que la entidad informó en abril de 2017, ya con Emilio Saracho como presidente.

El procedimiento, cuya tramitación se encuentra suspendida al encontrarse abierto el caso penal en la Audiencia Nacional, se basa en un informe previo en el que se advierte de una brecha en los ajustes contables de más de 209 millones de euros que en realidad ascendían a 387 millones.

Tal discrepancia lleva a la CNMV a concluir que la información financiera consolidada del ejercicio 2016 "no representaba la imagen fiel de su situación financiero-patrimonial", conducta tras la cual vería la "intencionalidad de determinados altos directivos".