Madrid, 15 nov (EFECOM).- La expresidenta de la Comisión de Nombramientos del Banco Popular Reyes Calderón encargó personalmente, con "extrema confidencialidad y altísima urgencia", a un cazatalentos que buscara un candidato "humilde" y con una carrera "inmaculada" para suceder a Ángel Ron al frente de la entidad.

En una carta con fecha 14 de noviembre de 2016 a la que ha tenido acceso Efe, la firma Spencer Stuart comunica a Calderón que asume el trabajo, y repasa para ésta cómo debería ser el aspirante idóneo a la presidencia del Popular -"humilde, fácil de trato y con demostrada capacidad de liderazgo"-.

El encargo, por el que el banco desembolsó 605.000 euros en concepto de "servicios de consultoría" y que supuso el fichaje de Emilio Saracho, insistía en la importancia de encontrar a una persona "de demostrada experiencia en el sector financiero" que pudiera "adaptarse a una cultura fuerte como es la del Popular".

"Te reiteramos, Reyes, que será para nosotros un honor poder colaborar nuevamente", concluía la misiva dirigida a la que fuera presidenta de la Comisión de Nombramientos, cuyo nombre salta ahora a la palestra después de que Ángel Ron la responsabilizara de su salida y la acusara de falta de transparencia en sus acciones.

Unos argumentos de los que antes, ese mismo noviembre de 2016, había advertido un informe encargado por la Sindicatura de Accionistas del Popular, los mayores accionistas del banco, al despacho de abogados CMS Albiñana y Suárez de Lezo, que concluye que Calderón estaba incurriendo en "actuaciones irregulares" para las que no estaba habilitada al promover "unilateralmente" la sucesión.

El documento, que también integraba "las reflexiones" del bufete Linklaters -al que en aquellos momentos pertenecía el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella-, tenía entre sus destinatarios al secretario del consejo de administración de Popular Francisco Aparicio, así como al consejero delegado de Lazard, Pedro Pasquín.

"(Calderón) ha puesto en marcha por su cuenta la ejecución de un plan, contratando un 'head hunter' para que busque candidatos a presidente, seleccionando y entrevistándose con supuestos candidatos para el cargo, sin tener facultades ni competencias para ello", comienza el escrito.

En este sentido, recuerda que "es necesario tener en cuenta que (Ron) ni ha dimitido, ni ha anunciado su intención de dimitir, ni va a jubilarse, ni el consejo de administración ha adoptado acuerdo alguno sobre su separación o sustitución".

Los asesores legales de la Sindicatura, cuyos integrantes controlaban una participación cercana al 10 % en el Popular, incidían de este modo en que el relevo sólo podría ejecutarse de existir un "plan general de sucesión aprobado previamente por el Consejo", el único órgano capacitado para adoptar esta medida.

Una vez aprobado, correspondería a la Comisión de Nombramientos organizar el plan para que se hiciera "de forma ordenada y planificada", si bien su presidente, en este caso, Reyes Calderón, "no puede adoptar por su cuenta decisiones" ya que "su voto vale lo mismo que el de cualquier otro miembro".

Y es que su papel es "coordinar y reunir a los consejeros no ejecutivos y hacerse eco de sus preocupaciones", pero, en ningún caso, validar un hipotético encuentro como una reunión del consejo ni adoptar en él acuerdos "del consejo ni que vinculen al consejo".

En su declaración como investigado por las supuestas irregularidades en la ampliación de capital de 2016, primera de las dos piezas separadas del caso Popular que instruye la Audiencia Nacional, Ron aludió a las reticencias que la Sindicatura tenía sobre su cese y leyó un correo enviado a la citada Comisión en el que los máximos accionistas ponían de relieve su malestar con la sucesión.

"Mal empezaríamos a hacer las cosas, como nuestro nivel de responsabilidad nos exige, si desde el minuto cero dificultamos las asistencia al debate adecuado a todos los consejeros que manifiesten su voluntad de contribuir a hacer las cosas simplemente bien", rezaba el mensaje.

Afirmaciones que poco tardó en negar la exconsejera, que calificó de "totalmente infundadas e inaceptables" las palabras de la Sindicatura, a la que reiteró que su actuación en la Comisión estaba contando con el "asesoramiento de profesionales jurídicos externos", el despacho Alemany, Escalona & Fuentes, en aras de "garantizar el estricto cumplimiento de la legalidad".