El asesor del actual presidente del BBVA Juan Asúa y otros tres altos cargos, antiguos y actuales, que han comparecido este martes en la Audiencia Nacional como investigados por la relación de la entidad con el excomisario José Villarejo, han optado por no declarar en una causa aún bajo secreto.

Según han informado fuentes jurídicas, todos ellos se han acogido al derecho a no declarar que asiste a los imputados, tal y como ya hizo la decena de cargos y excargos del banco que comparecieron ante el juez Manuel García Castellón a lo largo del verano.

Ante el magistrado han desfilado este martes Juan Asúa, asesor del actual presidente de la entidad, Carlos Torres Vila, y Eduardo Arbizu, exresponsable del área de Regulación y Control Interno, que dejó el banco a finales de julio, un día después de conocerse la imputación del BBVA como persona jurídica.

Junto a ellos, todos imputados por delitos de cohecho y revelación de secretos, también han acudido Eduardo Ortega, director de Servicios Jurídicos Contenciosos de BBVA y expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y Manuel Castro, exjefe de riesgos.

Estas comparecencias se han producido un día después de que declarara como investigado el expresidente del BBVA Francisco González, quien durante dos horas y media se desvinculó de la actuación de Villarejo, al que siempre ha asegurado no haber conocido.

Mantuvo que "el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de manera íntegra y ejemplar", sin perjuicio, "de que hubiera alguna conducta individual de carácter irregular que yo en este momento desconozco", según el mismo manifestó a su salida de la Audiencia Nacional.

FG, como se le conoce en el mundo económico, ha sido de los pocos que ha decidido responder sobre este asunto pese al secreto de las actuaciones.

Hasta ahora solo lo había hecho Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte (Operación Chamartín) -sociedad participada por el BBVA-, que fue destituido a finales de julio a raíz de su imputación.

Béjar, que había sido director de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA, explicó la primera vez que declaró que los servicios prestados por Cenyt para su área de responsabilidad estarían relacionados con el seguimiento de clientes morosos, y tras esta declaración ha hecho alguna más.

Mañana, miércoles, está previsto que comparezca BBVA en calidad de persona jurídica investigada; según han informado a Efe fuentes del banco, la entidad, representada por el director de sus Servicios Jurídicos, Adolfo Fraguas, sí que hablará sobre estos hechos.

Estas mismas fuentes destacan que la investigación judicial "avanza y así tiene que ser. En BBVA no prejuzgamos y actuamos siempre siguiendo los procedimientos internos establecidos y en base a hechos contrastados".

Además, añaden, "la condición de investigado no implica de ninguna manera que se haya realizado una acusación formal por ningún delito".

La relación entre BBVA y Cenyt comenzó en 2004, cuando la constructora Sacyr intentó sin éxito hacerse con el control de la entidad por la supuesta recomendación de Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del banco durante buena parte de la presidencia de FG y antiguo comisario de Policía.

Corrochano ya compareció por estos hechos ante el juez, que le impuso una fianza de 300.000 euros.

García Castellón sospecha que "la cúpula" del BBVA consintió la contratación de Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del "beneficio personal y empresarial" que le podían reportar.

Se investigan en concreto las contrataciones por valor de varios millones del banco a Cenyt, que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios.