El Gobierno italiano tiene dos semanas para impedir que el líder mundial en producción de acero, ArcelorMittal, abandone el 4 de diciembre la acería de Tarento, la más grande de Europa, que gestiona en régimen de alquiler y debía comprar en 2021, y en la que trabajan 10.000 personas.
El Ejecutivo que preside Giuseppe Conte negocia con los directivos del grupo a contrarreloj y además ha presentado un recurso urgente ante el Tribunal de Milán, que se estudiará el próximo 27 de noviembre, para impedir que se marche y apague los hornos, lo que "significaría el final de toda perspectiva de impulso de esta inversión productiva".
ArcelorMittal gestiona en alquiler este espacio desde noviembre de 2018 y se comprometió a comprarlo en mayo de 2021, pero ha decidido salirse del acuerdo después de que el Parlamento italiano haya eliminado una protección legal que eximía al grupo siderúrgico de responsabilidades penales por posibles delitos medioambientales, mientras reduce los altos niveles de contaminación.
La compañía siderúrgica que preside el multimillonario indio Lakshmi Mittal argumenta que sin esta garantía no puede cumplir su plan sin riesgos y el Gobierno le acusa de utilizar esta "excusa" para desprenderse de un proyecto menos rentable de lo que parecía inicialmente.
Los sindicatos, por su parte, insisten en que están preocupados por el futuro de la plantilla y piden una mesa de negociación urgente.
"ITALIA NO ESTÁ HACIENDO LO SUFICIENTE"
El director del Observatorio de Economía Digital del Instituto Bruno Leoni -uno de los laboratorios de ideas más reputados de Italia-, Carlo Stagnaro considera en una entrevista con
Achaca una falta de claridad al Ejecutivo y le pide que diga abiertamente "si quiere que la acería de Ilva cierre o no", después de que el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que ahora dirige el país en coalición con el Partido Democrático (PD), haya defendido en el pasado la clausura definitiva de este espacio por su elevada polución.
La acería da trabajo a 10.000 personas y es la más grande de Europa, por lo que cerrarla sería una medida muy impopular y dañina para la economía italiana, que apenas presenta crecimiento.
"Si pudiera dar un consejo al Gobierno, le diría que haga lo que sea para convencer a ArcelorMittal de que se quede, empezando por volver a aceptar la protección penal", explica.
EL PLAN SI ABANDONA LA ACERÍA DE ILVA
Stagnaro argumenta que ArcelorMittal es la única vía para garantizar la continuidad de la estructura y se pregunta qué otro inversor se va a hacer cargo.
El ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, ya ha avanzado que si el grupo franco-indio se marcha, el Gobierno aprobará un crédito que consienta el funcionamiento de la instalación durante el periodo en el que unos administradores concursales intentan convencer a otro comprador.
Pero esta hipótesis no convence a este ingeniero italiano que opina que "el Estado no puede gestionar la instalación, sea a través del Ministerio del Tesoro o de una empresa pública, eternamente y necesita a un socio privado que además sepa gestionarla, algo que no abunda".
"Si ArcelorMittal quiere irse se irá, aunque tenga que pagar una sanción económica, porque no se puede obligar a nadie a quedarse. ¿Quién se va a querer hacer cargo entonces? Estamos en la incertidumbre más absoluta. Recordemos que en 2017 solo hubo dos ofertas de compra, no hay muchos sujetos interesados", expone.
POSIBLES CONDICIONES DE ARCELORMITTAL
Según el diario italiano "Il Messaggero", ArcelorMittal estaría dispuesto a cumplir el acuerdo si el Gobierno reintroduce la inmunidad legal, si consiente el despido de 5.000 trabajadores, es decir, la mitad de la plantilla, y si se revisa el plan industrial.