Cuando todavía no hay fecha para la investidura y ni siquiera está claro que cuente con apoyos suficientes, la Comisión Europea ya ha puesto tareas urgentes en materia económica al próximo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Podemos. Deberá presentar "lo antes posible" unos nuevos Presupuestos para 2020 con ajustes adicionales por valor de 9.600 millones de euros, tomar más medidas para controlar la deuda y reformar las pensiones para garantizar su supervivencia, que según el diagnóstico de Bruselas vuelve a estar amenazada.

El Ejecutivo comunitario ha amonestado a Sánchez por no haber aprovechado los tiempos de bonanza económica para reducir más la deuda pública, que roza el 100% del PIB. Y le pone un suspenso al plan presupuestario para 2020 remitido a Bruselas por la ministra de Economía, Nadia Calviño. Un plan que se basa en una prórroga de las últimas cuentas de Cristóbal Montoro, ya que el Gobierno en funciones no puede adoptar nuevas medidas, pero aún así incluye nuevos aumentos del gasto en pensiones (1.404 millones de euros) y salario de los funcionarios (4.575 millones).

Bruselas avisa de que el plan presupuestario de Sánchez supone un "desvío significativo" respecto a los objetivos de reducción del déficit y la deuda que España ha comprometido con la UE y presenta un "riesgo de incumplimiento de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento". Pero lo peor es que aumenta la vulnerabilidad de España ante un ataque de los mercados en un momento en que la economía se enfrenta a un frenazo persistente.

¿Le preocupa a la Comisión que el pacto entre Sánchez y Podemos se traduzca en un aumento del gasto público incompatible con las exigencias de la UE? "No hay que hacer juicios prematuros", ha respondido el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, el conservador letón Valdis Dombrovskis. "No es tradición de la Comisión comentar acuerdos políticos. Nosotros tenemos que evaluar y decidir basándonos en cifras y hechos", apunta el responsable de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Lo que más le inquieta a Bruselas es que continúe la parálisis política en España: un escenario en el que fracase la investidura y tengan que convocarse nuevas elecciones. "Si la incertidumbre sobre la formación de Gobierno se prolonga todavía más, esto podría tener un impacto sobre la economía, ya que los agentes económicos retrasarían sus decisiones de gasto e inversión", explican fuentes comunitarias. Estas son las tareas urgentes que debe acometer el próximo Gobierno español.

1.- Un ajuste estructural de 9.600 millones

Aunque Bruselas considera que España no tiene margen para estimular la economía, el plan presupuestario de Sánchez se traducirá en una nueva expansión fiscal en 2020. Frente al ajuste del 0,65% del PIB que la UE exige a nuestro país, las cuentas para el año que viene supondrán un empeoramiento del 0,1% en el déficit estructural.

Es decir, la Comisión calcula que se necesitan medidas adicionales por valor de 9.600 millones (el 0,8% del PIB) para corregir el desfase y garantizar el cumplimiento de los objetivos. Un ajuste que puede venir vía recorte del gasto o con un aumento de impuestos: el Ejecutivo comunitario no se pronuncia sobre cuál de las alternativas es mejor o sobre el equilibrio entre ellas.

En ausencia de medidas correctivas, España será en 2020 el país de la eurozona que más se aleje de su objetivo a medio plazo de equilibrio presupuestario (-3,2 puntos porcentuales), por delante incluso de Italia (-3), Bélgica (2,4) y Francia (2,2).

2.- Rebajar la deuda pública

El resultado de este desfase presupuestario persistente es que la deuda pública sigue descontrolada. "Bélgica, España y Francia tienen ratios de deuda pública en relación al PIB muy altos, de casi el 100%. Italia supera el 136%. Ninguno de ellos van a cumplir la regla de reducción de la deuda", ha denunciado el vicepresidente Dombrovskis. Bruselas calcula que la deuda pública española apenas disminuirá del 96,7% en 2019 al 96,6% en 2020 y el 96% en 2021. Unas previsiones mucho más pesimistas que las de la ministra Calviño, que prevé bajar al 95,9% este año y al 94,6% el que viene.

"Estos cuatro países no han aprovechado bastante los momentos económicos favorables (en particular la reducción del gasto en intereses) para poner sus finanzas públicas en orden. En 2020, prevén o un ajuste fiscal insignificante o incluso una expansión fiscal. Esto es preocupante porque los altos niveles de deuda limitan la capacidad para responder a crisis económicas y a la presión de los mercados", lamenta Dombrovskis.

El Ejecutivo comunitario avisa de que esta inacción "puede incrementar el riesgo de que se intensifique la presión de los mercados en el futuro sobre los países con alta deuda pública", así como el contagio al resto de la eurozona. Es decir, una nueva crisis de deuda como la de 2012. El país más vulnerable a una subida a corto plazo de los costes de endeudamiento es Italia, pero le siguen de cerca Francia y España. Por eso, Bruselas pide al Gobierno de Sánchez que aproveche cualquier incremento inesperado de recaudación o ahorro imprevisto para acelerar la reducción de la deuda.

3.- Medidas compensatorias para las pensiones

Bruselas considera que las reformas de las pensiones llevadas a cabo por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y de Mariano Rajoy en 2013 "ayudaron a garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo". Sin embargo, la decisión de Rajoy primero y de Pedro Sánchez después de revertir buena parte de los cambios -en particular la desvinculación de las pensiones del IPC y el factor de sostenibilidad- pone de nuevo en peligro la supervivencia del sistema. "Los riesgos a largo plazo son altos. Hay un problema ahí", alertan fuentes comunitarias.

"Si se continúa vinculando de nuevo los aumentos de las pensiones a la inflación (como se decidió en 2018 y 2019 y está previsto en el plan presupuestario para 2020) y se sigue retrasando el factor de sostenibilidad, se necesitarán medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo", dice el dictamen de Bruselas. El Ejecutivo comunitario no se pronuncia sobre cuáles deben ser estas medidas compensatorias.

4.- Más controles al gasto autonómico y los contratos públicos

La Unión Europea lleva años pidiendo a España que endurezca la ley de Estabilidad Presupuestaria y que mejore las normas sobre contratación pública para combatir la corrupción. En ninguno de los dos ámbitos ha habido progresos durante el último año debido al bloqueo político: Bruselas insiste en que siguen siendo tareas prioritarias para el próximo Gobierno.

Por lo que se refiere a la ley de estabilidad presupuestaria, el Ejecutivo comunitario sigue reclamando sanciones automáticas para las comunidades autónomas que se salten sus objetivos de déficit. En cuanto a las licitaciones, Bruselas pide aplicar de forma efectiva la nueva ley de contratación pública, poner en marcha los nuevos órganos previstos en la norma y adoptar una nueva estrategia de licitaciones. Todo para impedir que se repitan nuevos episodios de corrupción generalizada.