Madrid, 28 nov (EFECOM).- Peritos del Banco de España cedidos a la causa que investiga al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra por supuesta administración desleal, han dicho este jueves que el préstamo de 312 millones dado al empresario Bautista Soler para comprar acciones de Metrovacesa fue "muy irregular".

Según han explicado ambos expertos ante la Audiencia Nacional, el banco no sólo no estudió la viabilidad de las empresas del llamado "grupo Soler", sino que además dio luz verde a la operación sin pasarla antes "por el comité de riesgos y la comisión ejecutiva", que conocieron los detalles "a posteriori".

Junto a ellos han comparecido otros dos peritos igualmente propuestos por la Fiscalía Anticorrupción, Javier López Andreo y Carlos Sanchidrián, de la firma PwC, que han apuntado que "algunas personas" a las que entrevistaron para elaborar su informe llegaron a calificar esta financiación "como una absoluta locura".

En este sentido, han indicado que "otorgar 312 millones de euros suponía conceder una cuantía 50 veces superior al beneficio anual de la compañía", una irregularidad "que va en contra de la normativa bancaria".

Los cuatro expertos han coincidido en que las garantías que los acreditados ofrecieron a la entidad fueron perdiendo valor "cuando se fueron refinanciando y apareciendo nuevas empresas", y han añadido que éstos fueron quienes salieron beneficiados, "no el banco, que asumió unos riesgos desconocidos en su historia".

Los miembros de PwC se han referido además al presunto perjuicio económico, y han incidido en que de los 4.500 millones de euros de capital público que inyectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el Banco de Valencia, 93 millones se destinaron a sanear la partida correspondiente a este préstamo.

Durante la jornada no han faltado las alusiones al acuerdo, ajeno a esta vista, suscrito entre dos de las acusaciones particulares, Gecina y CaixaBank, por el cual la entidad, como heredera del banco valenciano, abonó 30 millones de euros a la inmobiliaria francesa -que llegó a estar presidida por el socio de Soler, Joaquín Rivero- para saldar unas "discusiones entre ambas en Francia".

Aunque los representantes legales de ambas compañías han negado que afecte al presente procedimiento, las defensas siguen manteniendo que el pacto les "causa una indefensión totalmente irreparable" ya que temen que pueda tener trascendencia en la futura sentencia.

Una afirmación que ya aclaró la víspera la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, quien puntualizó que, a lo máximo, podría tener efectos civiles en el fallo, pues "lo que se cuestiona no es tanto cómo termina o no el pago de los créditos, sino el origen de los mismos".

Al término de la sesión, las partes han dado por reproducida la prueba documental, incluido el testimonio en fase de instrucción del ya fallecido Joaquín Rivero, que iba a ser escuchado en el juicio.

La sección cuarta de la sala de lo Penal retomará la vista este viernes con la calificación definitiva de la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito provisional solicitaba cuatro años de cárcel por administración desleal continuada para Parra.

Sin embargo, después de admitir los hechos y abonar 100.000 euros al FROB, es previsible que Parra se enfrente a un castigo menor.

Junto a él se sientan en el banquillo Bautista Soler, la hija de éste, María Victoria, y su marido, Vicente Fons, para quienes el Ministerio Público pide idéntica condena, mientras que rebaja a tres años de prisión la pena para el administrador único de una de las sociedades que recibieron estos préstamos "cascada", Rafael Ruíz-Jarabo, que reconoció el relato.